Manuel Jiménez V.
La reciente retirada del proyecto de modernización fiscal por parte del gobierno del presidente Luis Abinader deja una interrogante clave para la sociedad dominicana: ¿y ahora qué?.
Esta decisión, forzada por el rechazo mayoritario, deja en el aire los compromisos que el gobierno había asumido para mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
La reforma fiscal se presentaba como una oportunidad para corregir desigualdades históricas, pero su gestión fallida y la falta de un consenso amplio nos devuelven al punto de partida, sin las herramientas necesarias para hacer frente a los retos pendientes.
El retiro del proyecto no solo evidencia un error en la estructuración de la propuesta, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de las promesas que el gobierno había hecho a la población.
Se habló de medidas necesarias para transformar el crecimiento económico que el país ha experimentado en los últimos años en una mejora palpable de la vida de los dominicanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan.
Uno de los argumentos más repetidos por el gobierno fue que la reforma fiscal buscaba cerrar la brecha de desigualdad que sigue afectando a gran parte de la población. A pesar del crecimiento económico, los beneficios no se han distribuido de manera equitativa, y gran parte de la población continúa sin ver mejoras significativas en su calidad de vida.
En un país donde el desarrollo no ha sido inclusivo, estas promesas de redistribución social y económica eran, y siguen siendo, impostergables.
El Gobierno planteaba, entre otras cosas, aumentar el presupuesto para la seguridad ciudadana con el objetivo de reducir los índices de criminalidad, una prioridad en un país donde la inseguridad es una preocupación constante.
Además, se proyectaron inversiones en infraestructura vial para aliviar la congestión vehicular, lo que no solo tendría un impacto directo en el bienestar de la población, sino también en la productividad económica.
Se prometió también un incremento del 50 % en las asignaciones a los ayuntamientos, lo que permitiría mejorar servicios básicos como la limpieza y, en consecuencia, reducir problemas de salud pública como la creciente incidencia del dengue.
Estas propuestas, de gran relevancia, se quedan ahora en el aire, pendientes de una solución que parece no llegar.
El gran error del gobierno fue no haber entendido que para implementar una reforma de esta magnitud, era fundamental construir un consenso amplio.
Desde el principio, fue evidente que muchas de las medidas propuestas no serían bien recibidas por una población que ya siente que los impuestos que paga no se traducen en servicios de calidad.
Es de sentido común prever que las reformas fiscales generan tensiones sociales, pero en este caso, el gobierno subestimó el descontento generalizado y no supo manejar las expectativas.
Además, el proceso no fue llevado de manera transparente ni participativa. Se omitió utilizar el Consejo Económico y Social (CES), que es el mecanismo constitucionalmente establecido para el diálogo entre los diferentes sectores del país.
El resultado de esta falta de diálogo fue el rechazo generalizado, no solo de la población, sino también de sectores empresariales, sociales y políticos que se sintieron ignorados en el proceso.
Mejorar la recaudación y combatir la evasión es una necesidad imperante, sobre todo cuando las necesidades sociales del país son tan urgentes.
Sin embargo, ahora que el proyecto de reforma ha sido retirado, queda la duda de cómo se logrará mejorar el sistema tributario y combatir la evasión sin las herramientas que proponía la ley.
El retiro de la reforma fiscal no puede significar el fin del esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
El Gobierno tiene que reenfocar su estrategia, aprender de los errores cometidos e ir a la mesa de diálogo con todos los sectores.
Es necesario estructurar un nuevo proyecto que sea viable, justo y, sobre todo, consensuado.
Las promesas hechas a la población no pueden postergarse indefinidamente.
El país necesita políticas fiscales que no solo mejoren la recaudación, sino que también garanticen una redistribución equitativa de los recursos.
