Wilson Camacho: "La corrupción no puede esconderse detrás de un uniforme militar"

Wilson Camacho: «La corrupción no puede esconderse detrás de un uniforme militar»

Wilson Camacho: «La corrupción no puede esconderse detrás de un uniforme militar»

Wilson Camacho mientras hablaba en audiencia

Santo Domingo.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, advirtió hoy que la corrupción no puede esconderse detrás de un uniforme militar, en referencia a los generales y demás oficiales implicados en el caso Coral 5G.

Asimismo, dijo que el Ministerio Público está preparado para conocer la medida de coerción contra los acusados, tras asegurar que la acusación está blindada. Camacho habló previo al inicio del conocimiento de la solicitud de medida de coerción.

De su lado, Felix Portes, abogado de Jhoanna Lucia Rodríguez Jiménez, pareja del coronel Rafael Nuñez de Aza, dijo que están más que preparados para la audiencia.

Los acusados fueron trasladados fuertemente custodiados por agentes de la Unidad de alto Riesgo Penitenciarios al tribunal que fungirá como la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, para que un juez conozca la medida.

Los implicados en esta segunda fase de la operación Coral son los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.

Además en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

La red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público.

La Operación Coral 5G incluyó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).



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