José Miguel de la Rosa
Cada cuatro años los procesos electorales generan un gran movimiento de personas que se desplazan desde las grandes urbes a los municipios de todas las provincias, con el argumento de ir a votar a sus pueblos.
Particularmente, me parece algo con poco sentido, el hecho de que alguien ejerza el derecho al voto en una demarcación en la que no vive, donde no hace las exigencias a las autoridades, como ocurre donde reside, donde hace vida cotidiana y le afecta o le beneficia directamente lo que lo ocurre en su entorno.
Más allá del interés por el voto, esa tradición tiene otro significado, que es aprovechar el día de las elecciones para visitar a familiares, además de que ese día hay facilidades de transporte y el movimiento de dinero patrocinado por candidatos que hacen esa jugada a cambio de conseguir los votos de sus compueblanos ausentes.
Así como el artículo 79 de la Constitución establece que para optar por una posición senatorial o de diputado, se requiere que la persona sea nativa del territorio en el que aspira, o haber vivido un mínimo de cinco años en el lugar, en el caso de no ser nativo, de esa misma manera se debería buscar la forma de que los ciudadanos voten donde viven.
En el caso del Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo, están llenos de personas allegadas, de las que muchas no se interesan por elegir a los candidatos de su cercanía y prefieren ir a los lugares de donde son oriundos, sin embargo, a esos que no eligen es que les exigen, ya sea a los alcaldes, regidores, diputados o senadores.
Un ejemplo de que esto no es tan saludable, en el caso de las alcaldías, y pongo a Santo Domingo Norte como referencia, es la cantidad de nuevos habitantes que cada día aumenta en ese municipio, atraídos por las ofertas habitacionales y el crecimiento en ese sector. Son miles de personas que demandan servicios de recogida de basura, arreglo de calles, espacios de recreación y otros servicios que debe suplir el gobierno local.
Pero sucede que esa alcaldía tiene que manejarse con un presupuesto en base a unos 409 mil habitantes, cuando su población ronda el millón de personas.
Es necesario que nos concienticemos respecto a esa realidad, y que las autoridades analicen qué es lo más conveniente para todos.
