Nassef Perdomo Cordero, abogado.
La propuesta de reforma constitucional presentada por el Gobierno ha recibido múltiples críticas, merecidas en mi opinión.
Pero hay dos puntos que, a mi entender, no sólo son salvables, sino también necesarios. Me refiero a la unificación de las elecciones y a la exclusión del procurador general del Consejo Nacional de la Magistratura.
En ambos casos la conveniencia de la reforma apunta al fortalecimiento de la pluralidad democrática del sistema de gobierno.
En el primero de ellos, porque el actual sistema electoral beneficia a los partidos oficialistas y fomenta el uso de los recursos municipales en la campaña electoral. Las elecciones pueden celebrarse juntas, como antes de 1994, o separadas, como hasta 2010. Cada esquema tiene ventajas y desventajas.
Pero el actual, elecciones municipales y nacionales el mismo año en fechas separadas, recoge las desventajas de ambos y ninguno de sus beneficios.
El atropellamiento y compresión del calendario electoral beneficia a quien tiene más recursos a mano, que siempre —y por razones válidas como no válidas— son los partidos oficialistas.
Además, la juramentación de las nuevas autoridades municipales apenas tres a cuatro semanas antes de las elecciones nacionales fomenta que estas conviertan los gobiernos locales en comandos de campaña de sus partidos.
Respecto a la presencia del procurador general de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura es mucho lo que se ha escrito, pero los hechos hablan más alto que cualquier razonamiento.
Al margen de que abulta los votos en el Consejo en favor del partido que detente la Presidencia de la República, hay un factor determinante, que se expresó en la debacle de marzo de 2019, que ha sido subestimado por la sombra que proyecta la personalidad del protagonista de ese hecho tan bochornoso: el trabajo del procurador general y su equipo es evaluado y juzgado por los jueces de las altas cortes, por lo que su presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura lo convierte en un posible escenario para ajustar cuentas o impulsar jueces favorables al órgano persecutor. Ambas cosas son muy dañinas para el sistema de justicia.
Es de esperar que si la reforma constitucional llega a producirse, ahora o en el futuro, estos dos puntos sean tomados en cuenta. Sería un gran avance.
