Victoria Villarruel
La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, prometió durante la campaña electoral que revisaría la actual política de memoria, verdad y derechos humanos del país que indemnizó a miles de víctimas de la represión durante la última dictadura militar (1976 -1983).
La propuesta aún no ha sido detallada, pero la insistencia de la abogada de 48 años con esta agenda representa un giro en la política argentina, donde hasta ahora, según los analistas, había un relativo consenso entre la elite política sobre lo ocurrido con los militares en esos años.
El país es a menudo elogiado por historiadores y expertos internacionales en derechos humanos por haber seguido un proceso judicial contra los líderes militares, así como de haber juzgado y castigado a los torturadores.
En septiembre, la ESMA, uno de los mayores centros de tortura militar de ese período, transformada en la última década en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .
Sin embargo, para la vicepresidenta, la política que han implementado no es correcta. Villarruel ha dicho que defiende la «memoria completa», que, según ella, debe considerar que hubo «una guerra» que colocó a los militares y fuerzas de seguridad de un lado y, del otro, a guerrillas de izquierda a las que ella llama «terroristas”.
En 2006 creó el Centro de Estudios Jurídicos sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) para buscar reparación para las víctimas de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organizaciones guerrilleras argentinas que actuaron desde principios de los años setenta, antes del golpe militar de 1976.
Los Montoneros tenían raíces peronistas, vinculados al movimiento creado por el expresidente argentino Juan Domingo Perón; el ERP era una organización de orientación trotskista.
Hija, sobrina y nieta de militares, Vicky, como la llaman sus seguidores, ha dicho que Argentina “ocultó” esa parte de la historia.
“Estamos logrando abordar un montón de ideas que eran impensables, que eran intocables, que no se podían cuestionar”, dijo Villarruel en la recta final de la campaña de la primera vuelta, en una entrevista con la radio Cadena 3, de la provincia de Córdoba.
El discurso de Villarruel es rechazado por defensores y activistas de derechos humanos que ven en este la negación histórica y una falsa simetría al comparar el uso del Estado para reprimir y matar a enemigos políticos durante la dictadura y las actividades guerrilleras durante ese período.
Analistas entrevistados por BBC News Brasil afirman que la propuesta de reparación para las víctimas de actos guerrilleros es legítima, pero también dicen ver en el discurso “un riesgo de retroceso” en la política de derechos humanos.
De plataforma política a tema de campaña
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Villarruel decidió crear su ONG en 2006 para ayudar a las víctimas de grupos armados de izquierda en la década de 1970. En ese momento, el gobierno de Néstor Kirchner tenía como bandera la reapertura de las investigaciones sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Para lograrlo, Kirchner, que estaba consolidando su propia rama del peronismo, contó con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, reconocidas internacionalmente por la búsqueda de sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura.
La ahora vicepresidenta de Milei continuó sin participación directa en la política partidista hasta que se unió a su compañero de fórmula. Victoria Villarruel recién comenzó a darse a conocer a nivel nacional cuando juró como diputada federal en diciembre de 2021.
“Por las víctimas del terrorismo”, dijo ante el micrófono, en la ceremonia de inauguración en el Congreso Nacional.
La declaración generó críticas abiertas por parte del actual gobierno del presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, la exmandataria Cristina Kirchner.
“Ella [Victoria Villarruel] reivindica el terrorismo de Estado y niega la dictadura militar. Y los argentinos tenemos un pacto fuerte contra la dictadura”, dijo entonces el ministro de Defensa, Jorge Taiana.
«Defensa implícita de la dictadura»
Ese diciembre de 2021, Victoria Villarruel y Javier Milei inauguraron el pequeño grupo llamado La Libertad Avanza (LLA), movimiento por el que se postularon para la presidencia tras un crecimiento meteórico.
Para la analista de opinión pública de la consultora Tres Punto Zero y profesora de la Universidad de Buenos Aires Shila Vilker, Villarruel y Milei lograron colocar la memoria de la dictadura y la violencia política de los años setenta como tema electoral.
«Fue un tema que apareció inesperadamente en la campaña», explicó.
«Tengo la impresión de que, detrás de la demanda legítima de las víctimas de las organizaciones armadas, se esconde una defensa implícita de la dictadura», afirmó Vilker.
Esta defensa, dijo la analista, no se pudo hacer “explícitamente” porque en Argentina hay un “consenso social, académico y judicial respecto de lo que fue terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y la historia argentina”.
Para ella, la conjunción entre el desinterés por la democracia entre los más jóvenes, la crisis económica y los discursos de La Libertad Avanza podría ser “un riesgo de retroceso” para la política de derechos humanos y de condena de la dictadura.
“Entre los de 16 y 21 años, seis de cada diez valoran la democracia. Una mayoría, sin duda. Pero hay cuatro de cada diez que no tienen opinión, no les interesa o dicen que tienen temas más apremiantes, como la economía”, afirmó.
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El periodista Ceferino Reato, autor de una serie de libros sobre los años setenta en Argentina, describe a Villarruel como una “abogada moral muy conservadora, católica, de ultraderecha” y que siempre ha trabajado en favor de las víctimas de los grupos armados y de izquierda, quien recién empezó a ganar espacio en los medios tras su vínculo con Milei.
“Creo que ella usa como modelo las mismas organizaciones de derechos humanos que defienden a las víctimas de los militares y de la represión de la dictadura”, dice Reato, cuyo libro más reciente, Masacre en el comedor, da cuenta de un atentado con bomba perpetrado por la guerrilla Montoneros, a cien días del inicio de la dictadura.
«Ella ya ha dicho, por ejemplo, que quiere implementar leyes para indemnizar a las víctimas de la guerrilla y crear un monumento para recordarlas. Si lo logrará o no, no lo sabemos», continuó.
Villarruel afirma que «hay 1.094 víctimas del terrorismo en los años setenta» que «nunca fueron reconocidas por el Estado». Según Reato, que conoce el tema por las investigaciones y entrevistas que realizó para sus libros, los familiares de estos muertos “nunca recibieron ninguna compensación”.
Por su parte, el portal oficial Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) informa que el programa recopila y actualiza datos sobre “las víctimas de la represión ilegal del Estado argentino”, sin referencia a las víctimas de la guerrilla.
Villarruel ha sido cuestionada por haber ido a visitar a la cárcel al exdictador Jorge Rafael Videla, antes de su muerte en 2013. En respuesta, ella dice que fue a entrevistarlo para sus libros históricos sobre los años 70.
La vicepresidenta no niega que durante la dictadura se cometieron crímenes. Cuando le preguntaron en una entrevista al canal La Nación+ si negaba lo sucedido durante la dictadura militar, respondió: “No”. Y cuando le preguntaron si hubo crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura, respondió: “Sí”.
Pero repitió que, una vez en el poder, promoverá una revisión de las indemnizaciones otorgadas por el Estado a las víctimas que fueron objeto de la represión estatal.
La abogada no habla de números, pero en sus discursos menciona que los guerrilleros muertos «en combate» o los militantes que, según ella, se suicidaron en la cárcel por lealtad a sus movimientos, no deberían ser reconocidos por el Estado.
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El debate sobre las víctimas de la dictadura
Las ideas de Villarruel también aparecen en los discursos del presidente electo. En uno de los debates presidenciales, Javier Milei cuestionó el número de víctimas desaparecidas durante la dictadura.
“Estamos absolutamente en contra de una visión torcida de la historia. En nuestra opinión, hubo una guerra en los años 70 y, en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los Montoneros y los terroristas del ERP también mataron gente, colocaron bombas y cometieron crímenes de lesa humanidad”, dijo el entonces candidato libertario.
“No desaparecieron 30 mil. Fueron 8.753”, dijo en otro momento.
El cuestionamiento de la magnitud de la represión y la cifra de 30 mil víctimas, utilizada oficialmente por el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos como Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo no es un debate inédito en Argentina.
En septiembre de 1984, menos de un año después del retorno de la democracia, el entonces presidente Raúl Alfonsín recibió del escritor Ernesto Sabato el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que documentaba 8.961 personas desaparecidas durante el régimen militar, según la información disponible en ese momento.
La lista nunca fue considerada definitiva, según historiadores y activistas que dicen que hay otros documentos y testimonios que hablan de un número mayor de víctimas.
Uno de estos documentos es un informe militar argentino enviado a los aliados de la dictadura de Augusto Pinochet en 1978, que menciona al menos 22 mil víctimas. El documento fue obtenido por el periodista John Dinges y aparece en su libro Los años del Cóndor, sobre la alianza de las dictaduras represivas en el Cono Sur.
Ese mismo año, un documento de la embajada de Estados Unidos en Argentina, ahora desclasificado, también menciona al menos 15 mil víctimas citadas por militares argentinos en conversaciones con Washington.
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El periodista y escritor Ceferino Reato dice que el número 30 mil es «una bandera, un número simbólico, un mito».
«La masacre fue de tal magnitud que se refleja plenamente en la cifra de 7.300 víctimas», afirma Reato quien, en su trabajo, utiliza el número oficial del RUVTE, creado con un nutrido equipo en época del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner.
En su balance elaborado desde RUVTE, el escritor cita un total de 7.300 víctimas. “El registro se actualiza permanentemente. Estos son datos oficiales. Los últimos son de 2015. Es impensable pensar en 22.000 o 23.000 personas desaparecidas sin que sus familiares las busquen”, afirma Reato.
“Sean 30 mil u 8 mil… Lo que pasó fue una barbarie”, dijo la exsenadora Graciela Fernández Meijide, quien formó parte de la CONADEP y es madre de Pablo, un joven que está en la lista de desaparecidos.
La presidenta de la entidad Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió las declaraciones de Milei y ratificó el total de 30 mil desaparecidos.
“Dio un número con tanta seguridad [en el debate] que parecía que sabía el nombre de cada una de las personas desaparecidas”, dijo Carlotto.
A cargo de la Defensa y Seguridad
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Villarruel no se limitará a las demandas de las víctimas de los grupos armados de izquierda en el gobierno de Milei.
El presidente argentino ya dijo que pretende poner las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia bajo la responsabilidad de su vicepresidenta. Es decir que sería responsable de las áreas de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública, algo novedoso en el país, según expertos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de permitir el uso de armas de fuego, Milei responde que eso será responsabilidad directa de Villarruel.
La vicepresidenta, por su parte, afirma que la legislación debe ser respetada y rechaza las acusaciones de los opositores de que facilitará la llegada de armas a las escuelas.
“La gestión de la seguridad en los últimos veinte años ha hecho un enorme esfuerzo por satanizar a quienes visten uniformes y cuyo papel, por parte del Estado, es proteger a los ciudadanos, sus bienes y su libertad”, dijo Villarruel, en una entrevista con el periódico diario El Tribuno, de la provincia de Salta, antes de las elecciones.
