Operación Cattleya.
Santo Domingo.- Los miembros de la red de trata de personas obligaban a las víctimas a estar hasta con quince hombres por día, las que se negaba debían pagar una multa abusiva.
Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, que establece que víctimas que eran mujeres colombianas y venezolanas, debían reportar esa cantidad de clientes, y de no hacerlo tenían que pagar una falsa deuda alta.
La estructura criminal establecieron pagos exorbitantes de los servicios sexuales, ejemplos: salidas seis mil pesos de los cuales había designados mil pesos por costo de transporte, más mil de comisión al promotor, y los restantes cuatro mil se aplicaba a la deuda, quedando la víctima sin ningún beneficio, pero la deuda nunca disminuía.
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En el documento, se indica que la organización criminal en algunas ocasiones utilizaba niños para llevar clientes hasta las habitaciones de las víctimas, porque los menores permanecían en ese ambiente.
El Ministerio Público solicita prisión a los implicados de red de trata, la cual, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá el jueves.
El Ministerio Público pedirá prisión preventiva contra un sargento de la Policía Nacional, que se encuentra vinculado en la red de trata de personas con ramificaciones en el Distrito Nacional y en región Este, desmantelada mediante la «Operación Cattleya».
Se trata del sargento Dionisio Mieses de la Cruz, que el Ministerio Público solicita prisión de medida de coerción tras ser señalado de promotor de la estructura criminal.
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Con este suman 16 personas imputadas por la comisión de trata de personas, supuestamente explotaban sexualmente a unas 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana, que fueron rescatadas.
El Ministerio Público además de la medida de coerción, también solicitan fusionar este expediente con el que figuran los demás 15 imputados y la clausura temporal del Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la clausura temporal de los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
