Roberto Marcallé Abreu
MANAGUA, Nicaragua. En la medida en que transcurren los días, los escándalos financieros y de corrupción que se produjeron durante los ocho años de gobierno que encabezó el señor Danilo Medina (2012-2020) amargan y desconciertan a una población que se pregunta hasta dónde y hasta cuándo los nacidos en la Patria de Duarte tendremos que seguir ventilando situaciones tan deprimentes que nos hacen pensar que, como pueblo, como país, es prolongado el camino que aún nos queda por recorrer.
Si uno cierra los ojos y recuerda, las exposiciones y palabras de esta gente que se apandillaron en el denominado “Partido de la Liberación Dominicana” y que se presentaron ante la opinión pública como los discípulos del profesor Juan Bosch, un hombre de vida e historia inmaculados, sentimos que nos falta el aire y que estas horrorosas y aniquilantes denuncias terminarán por provocarnos la muerte por asfixia o que nuestro corazón deje de latir.
Ni qué decir que estas revelaciones de sistemática y escandalosa corrupción, de uso personal y de robo descarado de los recursos públicos y las pretensiones de seguir en el poder contra viento y marea, han brotado a la luz pública en todas sus dimensiones gracias a la decisión del presidente Abinader de cumplir la promesa de preservar un Ministerio Público libre e independiente de todas las perversas maniobras y manipulaciones que caracterizaron los sucesivos gobiernos de esa organización política y sus dirigentes y militantes a todos los niveles.
La decisión del Ejecutivo ha permitido airear en todas sus descompuestas y truculentas manifestaciones prácticas, conductas y personajes que deberán pagar en las cárceles y quiera Dios que sea por lo que les resta de existencia, tantas perversidades y maldades todas ellas inscritas como el periodo más oscuro y deleznable de toda nuestra historia.
Los desfalcos, maniobras turbias, abusos y exacciones que han expuesto los fiscales designados ante la opinión pública, los ejemplares castigos que es preciso aplicar sin consideración de ninguna naturaleza, deberán servir como un aleccionamiento definitivo de que los recursos del Estado no pueden ser objeto del dispendio, del saqueo descarado, de las oscuras maniobras que puedan elaborar gente que desconoce todo lo concerniente a decencia, a moral, a respeto e integridad.
En varios de mis libros y centenares de artículos he insistido en la necesidad de que el pueblo dominicano debe crear entidades de gran peso moral e intelectual que tengan como propósito permanecer con los ojos bien abiertos ante los denominados negocios públicos o del Estado.
Y que, por supuesto, no se limite a vigilar rigurosamente las instituciones sino todo cuanto tenga que ver con las relaciones entre el Estado, el sector privado y el ciudadano. Me he referido a la necesidad de que entidades de esa naturaleza, actuantes y con autoridad en todo el país, sean la continuidad de La Trinitaria creada por el fundador de la República Juan Pablo Duarte.
Dediqué a la elaboración de esas ideas muchos años y tres volúmenes que suman varios miles de páginas. La idea es que el pueblo no debe confiar en un “establecimiento “o estado de cosas” cuyas múltiples variables, aunque principalmente su dependencia de los partidos políticos, puedan viciarlas en su integridad y propósitos. Su labor debe ser de vigilancia constante, de supervisión rigurosa e indeclinable.
Esas entidades deben estar conformadas por lo mejor del pueblo. Pero esos vigilantes, deben, a su vez, ser observados de cerca para evitar que la corrupción y la degradación realicen su labor de zapa. Deben crearse en todas las instituciones, en cada sitio viable y en todo el país y sus integrantes deben ser personas estudiosas, moralmente indeclinables, e imbuidas de amor por su Patria.
Personas intransigentes y preparadas física y espiritualmente para enfrentar todas las perversidades del estado de cosas. Deben ser, en otras palabras, los ojos acuciosos y críticos del ciudadano, y el brazo inspirador de sus aspiraciones de justicia y orden que normaban el pensamiento de los fundadores del Estado dominicano.
Estas últimas revelaciones de robos y abusos inimaginables deben provocar la continuidad e incremento de las ejecutorias del presidente Abinader de perseguir y castigar de manera ejemplar a todos esos delincuentes de diversos ropajes y calibres.
