La crisis venezolana no es solo la historia de un modelo populista agotado; es también un laboratorio jurídico y político donde se cruzan sanciones internacionales, acusaciones de narcotráfico y estrategias de aislamiento diplomático.
Nicolás Maduro y su círculo cleptocrático, caracterizado por el uso de los recursos del Estado para su enriquecimiento ilícito y la corrupción, enfrentan hoy no solo el repudio moral de millones de venezolanos, sino también un cerco legal, financiero, político, militar y diplomático que va desde la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos hasta las resoluciones de organismos multilaterales.
La jurisdicción extraterritorial y el caso Maduro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido cargos criminales contra Maduro y altos mandos de su régimen, acusándolos de encabezar un cartel de narcotráfico denominado “el cartel de los soles” (el que se debe a las insignias que llevan en los uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana-GNB-).
Estas acusaciones se basan en el principio de jurisdicción extraterritorial, que permite a un Estado perseguir delitos cometidos fuera de su territorio cuando afectan su seguridad, economía o la seguridad internacional.
No se trata de un recurso menor, se aplicó contra capos del narcotráfico colombiano y funcionarios extranjeros acusados de corrupción y lavado de activos.
La figura jurídica tiene el claro objetivo político de deslegitimar al régimen venezolano, ponerlo al nivel de un cartel y preparar el terreno para una transición política forzada.
El papel del derecho internacional público
La OEA y la ONU, aunque con las limitaciones conocidas, han sido escenarios donde se ha denunciado la violación sistemática y grave de los derechos humanos en Venezuela: represión, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, inhabilitaciones políticas selectivas, veto de 16 partidos políticos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), intervención judicial en partidos opositores, control de instituciones electorales, obstáculos al voto en el exterior, intimidación, represión y falta de observación independiente, manipulación del conteo de votos y proclamación exprés de Maduro como vencedor con un supuesto 51,2% de los votos, sin ofrecer resultados ni soportes, como las actas de escrutinio, y respuesta represiva tras las elecciones de julio de 2024, todo para garantizar la permanencia en el poder de Maduro y su cúpula.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha documentado esos crímenes, y algunos juristas sostienen que constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
De hecho, la CPI mantiene abierto un expediente sobre Venezuela. Aunque el régimen intenta desacreditar el proceso, su sola existencia confirma la dimensión internacional de la crisis.
Populismo agotado y economía devastada
El populismo bolivariano, dictadura de partido único de facto, heredero del chavismo, transformó la renta petrolera en un mecanismo de clientelismo político. Pero sin producción ni inversión y con corrupción generalizada, el modelo colapsó. Venezuela es hoy el ejemplo más dramático de que el neopopulismo rentista no es sostenible, pues cuando los precios del petróleo caen, se derrumba también el edificio ideológico.
La hiperinflación, el colapso institucional y la migración de más de siete millones de venezolanos son el saldo más evidente de este fracaso.
Los aliados ideológicos de Caracas
Cuba, Nicaragua, Bolivia, con régimenes autoritarios de izquierda o socialismos del siglo XXI, y ciertos países caribeños han defendido a Maduro, ya sea por afinidad ideológica o por dependencia económica. Pero ese respaldo es cada vez más frágil. Las sanciones económicas, financieras, militares, políticas, diplomáticas y presiones judiciales y de seguridad de EE. UU. alcanzan a quienes faciliten transacciones ilegales con Venezuela, lo que ha disuadido a muchos de comprometerse más allá de lo retórico.
Estados Unidos y la reconstrucción de un bloque hemisférico
La estrategia estadounidense recuerda a los tiempos del ALCA, aunque con nuevos objetivos: asegurar fuentes de energía, frenar la migración y contener a China y Rusia. Países como Colombia, Brasil y Chile son socios activos en este cerco, convencidos de que la crisis venezolana desestabiliza toda la región.
El desenlace
El populismo liberal en Venezuela está condenado a su catástrofe, por su inviabilidad económica y por la presión interna e internacional. El reto será gestionar la transición sin que se convierta en un vacío de poder o en un conflicto armado. La salida pasa por un acuerdo entre sectores de la oposición y disidentes del chavismo, bajo garantías internacionales.
Lo cierto es que, más allá de la política, la historia venezolana actual se escribe también en los códigos penales, en las resoluciones multilaterales y en los expedientes de la CPI. El populismo, o mejor dicho dictadura autoritaria de corte híbrido o neototalitario, disfrazado de revolución, con concentración absoluta de los tres poderes del Estado, o más bien dictadura de partido hegemónico, pues el PSUV lo controla todo, deterioro de la democracia, represión, incluso dictadura criminal para algunos expertos, y control social, económico y clientelista, apoyo militar y paramilitar, terminó en la antesala de los tribunales.
Tiempo de la salida del régimen chavistamadurista
Lo que es difícil de determinar es el tiempo de caída del régimen chavistamadurista, pues este combina una enorme debilidad estructural con una gran capacidad de sobrevivencia. La transición pactada, entre el chavismo y la oposición, con mediación internacional, con garantía de inmunidad para la cúpula madurista, como ocurrió en Chile, con Pinochet en 1990, y en 1990 en Nicaragua, con la salida electoral pactada de los sandinistas, sería el mejor camino.
Una rúptura interna, con la fractura de la cúpula militar y política del chavismo podría derribar el régimen, a lo que se unen el colapso social y económico, caracterizado por la hiperinflación, el desmoronamiento de los servicios públicos y la emigración masiva, que han debilitado la base social, y un estallido popular de gran magnitud, como la presión internacional creciente.
Esto no quiere decir que no se pueda descartar la continuidad autoritaria prolongada, pues, como en Cuba, el régimen puede mantenerse por años, adaptándose, reprimiendo y controlando la sociedad con los aparatos militares y el clientelismo.
De ahí que la solución puede ser a corto plazo, en un período cercano a los dos años; a mediano plazo, en alrededor de cinco años, y a largo plazo, esto es, en unos diez años, siempre que el sistema logre consolidar un modelo como el cubano, que le de permanencia al régimen autoritario enquistado en el poder.
De ahí que el régimen de Maduro terminará probablemente cuando se combinen factores como las presiones interna e internacional y la fractura del poder militar y político. La forma sería mediante una salida pactada con garantías de inmunidad para el círculo madurista, o mediante el colapso por la pérdida de apoyos nacionales e internacionales.
La realidad es que, a pesar del fervor interno de muchos, incluido el de los venezolanos en el extranjero y parte de la comunidad internacional, no parece inmediata la salida negociada o de fuerza, lo que no implica que pueda sostenerse indefinidamente el régimen, cosa que sería desastroza para el país y para quienes pueden estar motivados por una emotividad excesiva que ahoga la racionalidad.
