Carlos Salcedo
Otorgarle la nacionalidad dominicana a Mario Vargas Llosa ha merecido nuevamente nuestra atención. Unos defienden la concesión del presidente Abinader y otros piden su rechazo.
El presidente puede conferir la nacionalidad dominicana a extranjeros, por haber prestado servicios eminentes a la República o haberse distinguido por servicios sobresalientes a la humanidad.
Nadie puede negar las contribuciones de Vargas Llosa a la humanidad. Sus ensayos y novelas, incluida La fiesta del chivo, convertida en best seller mundial, así lo atestiguan.
Quienes la rechazan aluden a una supuesta ofensa a nuestra soberanía cuando, a propósito de la Sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, escribió que dicha sentencia “es una aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos siglos) avecindados en ese país…”.
Como Vargas Llosa, en 2014 sostuve que con la aludida sentencia el Tribunal Constitucional había arrasado con el derecho fundamental a la identidad de dominicanos que, por su origen haitiano, seguirán siendo excluidos y, peor, se les arrebataba su nacionalidad dominicana. Por dicha situación advertí incluso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaría al Estado dominicano como, efectivamente, ocurrió ese año.
Sin proponérmelo, coincidí con Vargas Llosa cuando decía que siento que, por un patriotismo propio de los regímenes más temidos y autoritarios el país haya sucumbido y apisonado los derechos fundamentales que debe garantizar.
No es, pues, una posición aislada del laureado escritor. Es la de los instrumentos internacionales de derechos humanos como de quienes creen, defienden y promueven dichos derechos. La defensa de la soberanía no implica desconocer que los derechos humanos son universales y que toca a todos defenderlos, donde quiera.
Si en dicho marco Vargas Llosa comparó nuestro TC con los de Nuremberg, cuando el régimen nazi desnacionalizó masivamente a ciudadanos de origen judío, tenía presente que somos un Estado democrático de derecho y, por tanto, defensor de los derechos humanos.
Si un hombre de la talla de Mario Vargas Llosa pidió nuestra nacionalidad, la decisión presidencial fue más que atinada. Nos beneficiamos de su gran prestigio internacional y con su amor por nuestra patria se consolida su compromiso con la promoción universal de los derechos fundamentales, a lo que estamos obligados.
