Altagracia Suriel
La protección de los grupos sociales que están en mayor desventaja es una obligación ética y moral del Estado. Por derecho, justicia y solidaridad se otorga una protección especial a familias en situación de pobreza cuya mayoría son mujeres jefas de hogar y envejecientes que viven en una miseria indignante.
En República Dominicana la protección social se realiza a través de una Red encabeza por el programa Progresando con Solidaridad que promueve el desarrollo integral a través de acompañamiento socio familiar, transferencias monetarias condicionadas y vinculación a servicios del Estado y de la sociedad civil mediante una alianza público privada que produce capital humano, capital social y desarrollo económico en los sectores más desfavorecidos.
El programa incluye visitas domiciliarias de orientación y sensibilización para generar cambios de comportamientos, actitudes y prácticas que inciden en convertir a los más pobres en protagonistas de su desarrollo a partir del cumplimiento de compromisos y corresponsabilidades con su salud, educación, formación humana, formación técnico profesional, seguridad alimentaria y generación de ingresos, mejora de habitabilidad y protección del medio ambiente.
Al otorgar transferencias condicionadas y subsidios, los programas como Progresando con Solidaridad en América Latina, frecuentemente han sido cuestionados por algunos sectores sociales, incluyendo los empresarios y sectores de clase media que perciben que sus impuestos van a dádivas inútiles.
Reflexionar sobre la protección social como justicia y deber estatal implica desmontar el mito de que los programas de transferencias monetarias condicionadas son paternalistas, clientelistas y asistencialistas.
Dar apoyo a los más pobres es inversión social, no gasto. Invertir en los más pobres, además de ser un derecho, es una acción necesaria para generar recursos humanos con posibilidades de aportar al desarrollo del país.
Por demás, con esta acción, se previene también la delincuencia, la vagancia y la irresponsabilidad paterno filial.
Aportar recursos para la alimentación a los más pobres, los hace menos proclives a todo tipo de riesgos sociales. Es una asistencia alimentaria mínima que cuesta poco al Estado pero que redunda en grandes beneficios para la cohesión, la ética y los valores morales.
