Wilfredo Mora
La Ley General de Migración núm. 285-04, votada durante el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, en 2004, está condicionando la vida económica, social, cultural y política del pueblo dominicano, pero no para bien.
Frente a los actuales sucesos que derivan de la inmigración de nacionales ilegales haitianos que ya desbordan en violencia, en provocaciones en que ya se puede ver en las redes sociales a lesionados mortales por el uso de machetes, mafias de trata de haitianos, y otras formas obscenas de la “regulación” del fenómeno migratorio, es que vale la pena levantar una vez más la voz de alarma.
Muchos ciudadanos se cuestionan sobre el verdadero uso y alcance de esta ley de marras, cuyo fundamento radica en el control y regularización de los migrantes extranjeros, en base a demandas de la fuerza laboral calificada, o algunos otros requisitos del desarrollo social.
Partiendo de la premisa de la ley, a muchos nos luce que el pueblo dominicano no sabe mucho de ella. En la parte académica, no se siente el rol de una Dirección de Migración o del Instituto de Migración, en capacidad de explicar, con un mayor conocimiento que el de la gente del pueblo, que es lo está afectando la inmigración y cuáles son los costes sociales para el país.
Para los extranjeros regulados existe el derecho de entrada y salida, pero en todo caso el Estado dominicano es soberano de que esto ocurra. Existe un racismo de resoluciones, de convenciones contenidas en los considerandos de la ley, sobre la condición de los extranjeros, refugiados, asilados, que podemos ver dentro de los articulados. Los procedimientos de migración y permanencia, aunque válidos, si se apela a la formalidad del texto legal, en nada tiene que ver con la realidad de migración propia de nuestro país. Es más, no se da cuenta que era necesario el énfasis de referirse al contexto isleño, que tiene que ver con la inmigración haitiana.
Para muchos, la presión que subyace en el contexto (extra petita), de lo que se busca es que los nacionales haitianos puedan lograr la residencia o la nacionalidad dominicana por encima de la ley de migración.
No se da cuenta nuestra pobre legislación de Migración, que los nacionales del oeste (inmigrantes ilegales) son simples habitantes fronterizos, que entran al país a desarrollar actividades ‘no laborales’, que se dedican a pequeñas faenas, no lo hacen debidamente autorizados, sino que ellos mismos se toman esa prerrogativa ilícita, sabiendo que deben regresar a su país, no lo hacen, ni diariamente, ni en una semana o meses después, sino que fuerzan la decisión de quedarse en el país.
La situación es la Dirección de Migración no le está enviando una señal correcta a la nación. Quizás deba apelar a los legisladores, a la sociedad civil, para concertar un gran pacto nacional que haga frente al problema, con nuevos mecanismos de control. Todavía hay quienes dicen que las deportaciones no tienen sentido, así como se están llevando a cabo. Debe empadronarse al deportado. Así, si regresa, se le puede sancionar.
