Matías Bosch
En la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo quedó consignado que para 2020 el gasto en salud representaría un 4% del PIB.
En la OMS en 2014 se aprobó de forma unánime la “Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”, señalando como referencia un gasto público en salud de 6% del PIB, lo cual compromete internacionalmente al Estado dominicano.
Curiosamente el gasto total en salud en República Dominicana está en torno al 6% del PIB. Pero, en línea con el modelo neoliberal impuesto mediante la Ley No. 87-01, basado en el ciudadano-cliente y el “sálvese quien pueda y como pueda”, la mayor parte de este dinero no se materializa en inversión pública para servicios suficientes, dignos, de calidad, sin discriminaciones y con condiciones laborales decentes.
El gasto directo del gobierno es apenas un 1.2% del PIB y el resto se aglutina de manera cada vez más marcada en el aseguramiento y el gasto de bolsillo, para una salud convertida en mercancía.
El modelo no se orienta a una población sana, sino a reaccionar, curar y lucrar en base a la enfermedad.
La segregación en seguros pagados y seguros subsidiados rompe con los principios básicos de igualdad y derechos.
El monto dispersado per cápita en el régimen contributivo es tres veces mayor que el destinado al régimen subsidiado (RD$1,038.40 vs. RD$220.38) y en este último ya hay más de 3.7 millones de afiliados.
La oferta de política pública ahora es seguir la llamada “cobertura universal en salud” según el Banco Mundial y organismos similares: la carnetización universal inyectando más dinero al aseguramiento segregado de la mayoría, en lugar de financiar adecuadamente los servicios.
Como si esto no bastara, el 48% de los pagos realizados por el régimen subsidiado va a prestadores y suplidores privados en detrimento de los públicos.
Es decir, los recursos puestos por todos no sólo se convierten en meros carnet en lugar de servicios garantizados, sino que también contribuyen al descalabro del sistema público y es la última parte de la correa de transmisión de riqueza social al lucro privado.
Como es lógico, el 93% del dinero del régimen contributivo va a prestadores particulares. Los servicios públicos terminan sobreviviendo con migajas y recogiendo lo que no interesa al mercado.
Por el lado de las ARS privadas, en los últimos 13 años sus gastos operacionales (no de salud) y beneficios netos superaron los RD$58,000 millones; solo en el año 2019 gastaron y ganaron por estos conceptos la suma de RD$6,149 millones.
En el periodo de enero a marzo 2020 las ARS privadas obtuvieron beneficios por el “plan básico” y otros planes que ascendieron a RD$870,000,000, obtenidos de las cotizaciones de empleados y empleadores, y queda por saber cuánto han obtenido durante los meses de estado de emergencia, donde además el Estado les ha asegurado cubrirles los “excesos” en cobertura para enfermos de COVID-19, usando dinero del Sistema de Seguridad Social.
Necesitamos rescatar y fortalecer un sistema de salud pública robusto, digno, de calidad, financiado correctamente, desde el primer hasta el tercer nivel, que garantice derechos universales, y una oferta privada que esté obligada a respetarlos, en vez forzar a la gente a entregarles su dinero para luego acumular gastos propios y ganancias exorbitantes mientras niegan servicios, medicamentos e imponer sus reglas en pos de intereses particulares.
