En enero de 2012 escribimos un artículo titulado “No dañemos lo bueno”, y en diciembre de 2013 otro bajo el título de “Servicio público o servicio político”.
En ambas ocasiones, la primera por vía indirecta y la segunda de manera directa, me referí al previsible conflicto que se veía venir sobre el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, al Gobierno decidir marginar este exitoso centro hospitalario de la gestión y manejo del recién construido hospital oncológico estatal (Incat), paradójicamente bautizado con el nombre de quien durante más de 40 años ininterrumpidos trabajó de manera honorífica en la Liga Dominicana contra el Cáncer, Inc., y de la cual fue su presidenta durante años, Doña Rosa Emilia Sánchez de Tavárez.
Con un personal superior a las 700 personas, un subsidio mensual combinado que ronda los RD$50 millones, muchos de sus equipamientos sofisticados sin funcionar, el enorme hospital oncológico estatal se ve incapaz de alcanzar los estándares de eficiencia del Heriberto Pieter, el cual con menos personal, un subsidio de apenas RD$1 millón mensualmente, aportes de su patronato de cerca de RD$60 millones anualmente y los más modernos equipos médicos, es capaz de rendir cerca de 50 mil consultas al mes.
Según se nos ha informado, en un intento de obligar a los pacientes para acudir al hospital estatal, se ha pretendido que las coberturas de salud social publica solo cubrirían asistencias oncológicas en el centro sanitario estatal Incat, lo cual constituirá la afirmación de los temores que expresé en las dos ocasiones en que me he referido a este triste conflicto entre el servicio público para todos, y un servicio de salud discriminado.
Las autoridades gubernamentales deben reconocer la eficiencia y experiencias acumuladas por el Oncológico Heriberto Pieter para ofrecer una mejor salud para todos, mediante un trato igualitario entre ambos hospitales que ofrecen servicios públicos, el Incat y el Oncológico.
