En diciembre de 2012 la Dirección General de Migración hizo el primer llamado a la sociedad civil a aportar ideas para la elaboración del reglamento del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en RD (PNRE).
Entre otras organizaciones y recomendaciones, la Red Jacques Viau y la Fundación Zile (FZ) hicieron una propuesta vital, fundamentada en la envergadura del PNRE que debería cubrir cientos de miles de personas en un tiempo limitado.
La misma planteó un acuerdo especial con el gobierno haitiano como proveedor de los documentos indispensables a los candidatos al Plan.
Esa diligencia tenía un doble objetivo. Primero, crear un espacio de colaboración bilateral alrededor de una iniciativa a todas luces positiva, de tal manera que las partes se sientan con la mayor obligación de apoyarse mutuamente para su éxito.
Segundo, conociendo , por un lado, los problemas del estado civil en Haití; y, por otro, las quejas respecto al servicio consular, particularmente la emisión de los pasaportes en República Dominicana, era una forma de comprometer al gobierno haitiano a tomar las provisiones necesarias para acompañar eficientemente a la comunidad haitiana en este proceso.
Además, dicho espacio de colaboración instauraría un ambiente favorable para resolver las dificultades que pudieran surgir para cualquier candidato haitiano al plan. Evidentemente, al gobierno dominicano le convenía buscar las alianzas estratégicas, tal como está previsto en el reglamento del PNRE, que garantizarían su buen desenvolvimiento.
Cuando surgió la crisis provocada por la sentencia TC 168/13 en septiembre del año pasado, el gobierno haitiano no había tomado acción alguna en la dirección propuesta.
Por lo contrario, al ser considerado el PNRE por los jueces del TC (Tribunal Constitucional) como puerta de entrada a la naturalización de los dominicanos afectados por la desnacionalización, diversos sectores vieron al Plan como una trampa.
La primera reunión del dialogo bilateral en enero del 2014 considerada como “histórica” pareció esclarecer esa confusión entre nacidos en territorio dominicano antes de la reforma constitucional de 2010 y los inmigrantes irregulares.
El compromiso sellado por la parte dominicana fue una “legislación especial para los casos no contemplados en el PNRE” en referencia a los primeros.
En esa reunión Haití se comprometió a “expedir pasaportes a los trabajadores temporeros”.
A partir de esa fecha las críticas haitianas fueron reiteradas por el incumplimiento dominicano de plazos acordados en las conversaciones oficiales para la presentación de la ley especial al congreso.
Lo cual se hizo a mitad de mayo.
Dicha pieza, con el número 169/14, busca frenar la desnacionalización de dominicanos de origen haitiano ya inscritos en el registro civil, alrededor de 14,000. Manda al PNRE alrededor de 100,000, que por diversas razones como las que afectan al 7% de la población netamente dominicana, no tenían aún un acta de nacimiento. Con ello, para algunos en Haití, la tesis de la trampa es confirmada.
En el ínterin, con el dialogo bilateral “suspendido” en medio de conjeturas alimentadas por los “tweets” oficiales, los dos gobiernos firman tres acuerdos: sobre salud, comercio y turismo. Fue desaprovechada la ocasión de hacer lo mismo sobre el tópico más urgente.
Arrancó así el PNRE. Ante las críticas de sus ciudadanos, de la prensa y del gobierno dominicano respecto a la ausencia de colaboración que ni siquiera vislumbró una nota informativa a la comunidad, Haití contesta que aún espera una autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores para traer equipos y personal. Lo cual negó el órgano dominicano.
Tal dudosa situación no se hubiese dado en caso de contar con un protocolo acordado entre las partes.
Ciertamente, República Dominicana utiliza inteligentemente la ocasión brindada por Haití de salir de la defensiva a la cual fue arrinconada durante ocho meses, a una ofensiva bochornosa para su contraparte. Más, la responsabilidad es compartida en no haber propiciado un acuerdo bilateral para el PNRE. Aún estamos a tiempo.
