El antihaitianismo de los gobiernos peledeistas es una política disuasiva, dirigida a distraer la atención de los graves problemas que afectan al país y al pueblo dominicano.
Es una vieja política infame, de la extrema derecha dominicana, que ha sido utilizada en otras oportunidades para confundir a la población.
Enerva un falso patriotismo, que pretende dividir la opinión pública y llevarnos por derroteros contrarios a los intereses nacionales.
Un país afectado por una reforma tributaria, impuesta para tapar el hoyo fiscal ocasionado por la corruptela gubernamental y la política de construcciones cosméticas, que ha afectado sensiblemente los intereses de los diversos segmentos de la sociedad, con un aumento exagerado de los impuestos directos e indirectos; con una deuda externa que alcanza casi los 30 mil millones de dólares y que al decir de algunos funcionarios del gobierno tiene nuestra soberanía económica comprometida con instituciones financieras transnacionales; con un aumento permanente de los precios del GLP y la gasolina, que afectan la economía de los hogares, aumentan el precio de los transportes y limitan el libre tránsito de los vehículos privados de los sectores medios; con unos niveles de corrupción nunca vistos, acompañados de una impunidad pasmosa; con la entrega de nuestras minas de oro a transnacionales, como la Barrick Gold, a precios irrisorios y con un costo medioambiental inestimable; con la venta de cientos de miles de tareas de tierras del Estado a precios de vaca muerta al sector privado; con niveles de delincuencia de cuello blanco y callejera que sitúan al país entre los más inseguros del planeta; con una inversión de solo el 2.3% del PIB en la educación, mientras que un país cercano como Cuba, con una economía bloqueada, invierte el 13% de su PIB en ese mismo renglón; con las pretensiones de destruir recursos naturales como Los Haitises, Loma Miranda y Bahía de las Águilas, que solo ha sido impedido por la acción espontanea de la población y sus organizaciones sociales; con salarios miserables para los empleados públicos y privados, mientras los funcionarios del gobierno devengan sueldos millonarios; con apagones de hasta 24 horas y escasez de agua potable en los barrios populares y en las ciudades del país; con un presidente que tuvo la osadía de mentir a los representantes de los países miembros de la CELAC, al expresar que la sentencia del Tribunal Constitucional no ha despojado de la nacionalidad a los dominicanos, de origen haitiano, porque “nunca la han tenido”, justificando una sentencia con carácter retroactivo hasta 1929, que viola el principio de la irretroactividad de las leyes y da una interpretación absurda, e ilimitada en el tiempo, al status de una supuesta transitoriedad de los ciudadanos haitianos que han ingresado al país desde 1929, y que, además, pretende negar el principio del “jus solis” que ha prevalecido en todas nuestras constituciones políticas, excepto la de 2010.
Mientras el pueblo dominicano carga con todos esos problemas sobre sus hombros, el gobierno se ha prestado a crear un escándalo nacional e internacional, provocado por esa sentencia prefabricada del Tribunal Constitucional, que ha puesto al país en la mira de la opinión pública internacional, ante una medida que retrotrae recuerdos legalmente superados por la humanidad, como son el racismo, el apartheid y la segregación racial.
El bienestar del pueblo dominicano y la buena reputación del país no están en la agenda del gobierno, que le preocupa más imponer esa política disuasiva, que desvía la atención, y que en el fondo lo que pretende es impedir que el pueblo exija la solución de los graves problemas nacionales.
