La violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida por parejas o exparejas contra las mujeres, es un fenómeno complejo que se alimenta de múltiples raíces, motivada en distintos factores, la mayoría de los cuales son legitimados por el histórico control que el hombre ha ejercido sobre la mujer y la recurrencia de la fuerza, como forma de disciplina o poder.
Muchas cosas han cambiado, pero todavía hay mujeres que enfrentan barreras para acceder a un empleo digno, lo que las hace más vulnerables a permanecer en relaciones abusivas, como fruto de la desigualdad económica y su dependencia emocional.
Aunque existen leyes y programas, es obvio que hay una débil respuesta institucional, en la que los mecanismos de protección y justicia suelen ser lentos, fragmentados o poco accesibles, por muchos esfuerzos que hagan algunas instancias y o entidades públicas y privadas.
Como si la violencia estuviese normalizada, en algunos entornos, los conflictos familiares se resuelven con agresión, lo que perpetúa ese ciclo de mal accionar en generaciones futuras.
Sin dudas, la sociedad se dirige hacia la total destrucción de tejido social, en un proceso en el que la violencia rompe la confianza, genera miedo y afecta gravemente a los hijos que presencian y sufren esas agresiones.
Los hechos sangrientos se producen con tanta frecuencia que erosionan la idea de convivencia pacífica y civilizada, y se convierten en un obstáculo para el desarrollo democrático y equitativo del país, aparte de que cuando los niños crecen en hogares violentos tienen mayor probabilidad de reproducir esas conductas en su vida adulta.
De acuerdo a las estadísticas, en los últimos cinco años se han reportado 341,896 casos de violencia, la mayoría denunciados por mujeres y del total de los procesos penales del país, el 36 % está vinculado a violencia de género o doméstica.
La Ley 24-97, promulgada en 1997 como un hito en la lucha contra la violencia intrafamiliar, introdujo modificaciones al Código Penal y estableció sanciones específicas para agresiones físicas, psicológicas y sexuales; sin embargo, casi tres décadas después, la realidad evidencia que su impacto ha sido limitado.
Las tragedias se multiplican y las políticas derivadas de esta legislación parecen insuficientes para contener la magnitud del problema.
Los factores psicológicos y emocionales expresados en celos, control, baja tolerancia a la frustración y consumo de alcohol o drogas intensifican los riesgos de agresión, lo que propicia que difícilmente transcurra un día sin que la sociedad tenga que escandalizarse por el crimen contra una mujer que, además, suele ser madre.
Esto no se trata de un problema privado ni de que “en pleito de marido y mujer nadie se debe meter”, como todavía hay personas que así lo creen. Esto es un problema de Estado que compromete la estabilidad democrática y el desarrollo humano, dos elementos que deben convocar a todos en el país.
Persistir en políticas fragmentadas y en una ley que no ha evolucionado al ritmo de la crisis es condenar a miles de familias a la repetición del horror, el luto, la sangre. Es preciso insistir en desmontar el machismo y promover las relaciones igualitarias (de respeto y con respeto).
Es hora de que el Estado asuma con valentía la tarea de transformar las políticas, de escuchar a las víctimas y de garantizar que la ley sea una herramienta capaz de proteger y de salvar vidas.
La violencia intrafamiliar es un espejo de nuestras fallas colectivas y romperlo exige voluntad política, compromiso social y un cambio cultural profundo, que nos acerque más a una convivencia verdaderamente pacífica y civilizada. Considero que urge un pacto nacional por la vida y la igualdad.
