Patricia Arache.
A nadie le cabe duda de que la República Popular China es una de las naciones más grandes y pobladas del mundo, por lo que ocupa el número tres en esa alineación, que encabezan Rusia, con 17, 1 millones de Km2 y Canadá con 9,9 millones de Km2.
China, con sus 9 mil 597 millones km² y mil 500 millones de habitantes, cuenta con 22 provincias, (23 si se le incluye a la separada Taiwán), cuatro municipalidades, cinco regiones autónomas y dos regiones administrativas especiales.
No hay manera de compararlo en territorialidad, población ni, muchísimo menos, en desarrollo con el punto del Caribe que, en forma discriminatoria e imprudente, algunos insisten en definir como “una república bananera”, la República Dominicana. De intentarlo, estaríamos frente a un incalculable adefesio.
La República Dominicana, con sus 48 mil 442 km2 y sus casi 12 millones de habitantes (nativos y extranjeros), en la actualidad cuenta con 31 provincias y un distrito nacional, 158 municipios y 238 distritos municipales, con sus parajes, secciones, barrios, calles y callejones, entre otras denominaciones geográficas.
En cualquier parte del mundo es necesario que exista un orden estratégico para la administración política, financiera y operativa del territorio, de la cual deban beneficiarse sus residentes con equidad y justicia, dos elementos que pocas veces han sido contemplados por los actores correspondientes a lo largo de la historia en nuestro país.
Siempre será importante el orden, pero en el marco lógico de lo funcional, la coherencia y la eficacia, y no solo en el propósito de lo aspiracional de una política partidaria que no acaba de comprender que el colectivo demanda y espera más realizaciones para su desarrollo y menos autogestión individual o particular de sus representantes.
El país no posee a una Ley de División Territorial real, eficaz y efectiva que permita el diseño de una estrategia para el desarrollo, con una adecuada planificación y un propósito de crecimiento sostenible, que garantice una mejor administración gubernamental.
Las cosas vienen surgiendo de chin en chin y de interés en interés. La creación de la provincia Santo Domingo, mediante la ley 163-01, promulgada el 16 de octubre del año 2001, todavía genera confusión entre no pocos munícipes, incluyendo a algunos que hasta han aspirado o aspiran a acceder al poder político mediante las elecciones.
Hay experiencias en ese sentido: para las elecciones Generales Ordinarias, Congresuales y Municipales del año 2002, ya establecida la provincia de Santo Domingo, con sus siete municipios, pregunté a alguien que aspiraba a dirigir el Distrito Nacional si estaba consciente de los límites. La respuesta me dejó estupefacta.
Ni siquiera desde las instancias político-partidarias que se debatirían en el proceso electoral estaba claro la cosa.
Ahora, en momentos en que el mundo y la República Dominicana realizan esfuerzos por levantarse del duro manotazo con el que nos impactó el COVID-19 y otras desgracias que han venido sucediéndose en forma sostenida y continua, nos proponen la creación de otra provincia, la Matías Ramón Mella.
Y si esto no es una paradoja, explíquemelo usted: la nueva provincia incorporaría en su seno a cuatro de los municipios, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brand y Los Alcarrizos que hace 21 años, dieron origen a la hoy provincia Santo Domingo.
Ojalá que los promotores de la iniciativa legislativa, de la autoría de César Santiago (Tonty) Rutinel Domínguez, aprobada en dos lecturas consecutivas, por 134 congresistas de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Reformista Social Cristiano (PRSC) expliquen mejor sus propósitos.
Porque el asunto no es si una zona se describe o no como provincia, sino la capacidad de respuesta que tenga el Estado para satisfacer sus demandas.
Como colofón, cito un ejemplo: La provincia de La Romana fue creada en el 1961 y hoy, 60 años después, sus residentes todavía deben trasladarse a la La Altagracia o a San Pedro de Macorís para obtener una libreta de pasaporte; e igualmente, a La Altagracia o a Santo Domingo para recibir asistencia de una Procuraduría Fiscal, que tampoco hay en San Pedro. ¿Y entonces, para qué una nueva provincia?…
Patricia Arache
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