Recuerdo un concepto de instituciones sociales (se me escapa el autor en este momento) que afirmaba que estas no son un dispositivo resultante de la producción de leyes, normas o regulaciones, sino de la adopción de las mismas en la mente y la conducta de las personas.
Sin discutir la exactitud de este concepto, es innegable que las instituciones sociales son tales cuando se convierten en prácticas, en valores adoptados, en cultura.
El Estado dominicano, a partir de la democratización post Trujillo se ha caracterizado por producir una gran cantidad de leyes y normas, muchas de las cuales han sido de escasa aplicación, mientras que prácticas, hábitos sociales y percepciones sociales dominantes contradicen muchas de tales normas.
En lo que respecta al Estado social, democrático y de derecho, lo prescrito en nuestra Constitución y en leyes que habilitan derechos y establecen garantías, en gran medida no es efectivo, no ha sido incorporado a la cultura política y a los hábitos de convivencia de nuestra sociedad.
Lograr ese grado de adopción es una tarea pendiente y equivaldría a profundizar la democracia y su sustento: el estado de derecho.
Una renovación de la cultura política e institucional en la sociedad dominicana –que es un imperativo si queremos lograr desarrollo humano—requiere que hagamos efectivas las garantías, derechos y responsabilidades establecidas en nuestro marco legal.
Y si bien la autoridad del Estado tiene que jugar un papel de primer orden en este proceso, también es imprescindible que contemos con una ciudadanía decidida a construir nuevos hábitos, nuevas prácticas tanto en lo político como en lo que respecta a la convivencia cotidiana.
Profundizar la calidad democrática de nuestra sociedad tendría que ser un propósito central en la agenda ciudadana, pero también en la de los partidos políticos.
