Durante mucho tiempo tratamos el plástico como un aliado silencioso de la vida moderna. Estaba en todo, en la compra diaria, en el café para llevar, en la comida rápida y en cada esquina del consumo cotidiano.
Fundas que duraban segundos, sorbetes innecesarios, cubiertos desechables para una sola comida y foam que parecía práctico, pero que terminó convirtiéndose en una de las mayores amenazas ambientales de nuestras ciudades. Nos habituamos a ello.
Y en esa costumbre se incubó el problema.
Hoy la realidad nos alcanza. Con la aplicación gradual de las restricciones a las fundas plásticas, sorbetes, cubiertos y poliestireno expandido, el país avanza hacia una decisión clara y definida. No es un anuncio vacío ni una concesión cosmética al discurso ambiental.
Es una determinación de fondo que toca directamente la salud pública, el orden urbano y la forma en que convivimos en nuestros territorios.
Conviene aclararlo desde el inicio, este cambio no llegó de improviso. Fue advertido, debatido y calendarizado. Los sectores productivos fueron informados. Los comercios tuvieron tiempo para adaptarse. La ciudadanía fue alertada. Por eso, seguir planteando aplazamientos o excepciones amplias no es una discusión técnica; es una resistencia cultural que se niega a reconocer que el modelo anterior ya no funciona.
Eliminar la entrega indiscriminada de fundas plásticas no busca penalizar al consumidor ni asfixiar al pequeño negocio. Persigue algo más profundo, y es romper la inercia del usar y botar. Llevar una funda reutilizable no es un sacrificio; es un gesto mínimo de responsabilidad. Cambiar sorbetes y cubiertos por alternativas sostenibles no debilita al comercio; lo alinea con una sociedad que exige coherencia. Sacar el foam del circuito comercial no responde a una moda ambiental; responde a años de daños acumulados en drenajes, cañadas, vertederos y costas.
Aquí la ley marca el rumbo, pero la verdadera transformación depende de la gente. Ninguna norma logra resultados si no es asumida socialmente. Esto no se trata sólo de inspecciones o sanciones. Se trata de comprender que exigir plásticos de un solo uso “porque siempre fue así” no es un derecho adquirido, sino una práctica que ya sabemos perjudicial. El cambio no empieza en un despacho público; empieza en la decisión diaria de cada ciudadano.
Es fundamental asumirlo con madurez. Estamos ante un punto de quiebre. Así como entendimos que quemar basura en los patios no es aceptable, que los ríos no pueden seguir cargando nuestros desperdicios, que las cañadas no son cloacas y que los vertederos improvisados enferman comunidades enteras, debemos entender que el plástico de un sólo uso tiene un final anunciado. No porque lo imponga una ley, sino porque el entorno ya no lo soporta.
Los gobiernos locales tienen un papel determinante. Educar, ordenar, promover la separación de residuos, mejorar la recolección y acompañar a los comercios en la transición es su obligación. Pero sin una ciudadanía consciente y corresponsable, el esfuerzo se queda corto.
Separar residuos en casa, reducir lo innecesario y aceptar que las reglas cambiaron es parte del nuevo pacto con la ciudad que habitamos.
Las ciudades sostenibles no se construyen con discursos grandilocuentes ni sólo con multas. Se construyen con decisiones claras, sostenidas y compartidas. Este paso que estamos dando es profundo y necesario. No admite retrocesos ni dilaciones. Se asume, se acompaña y se consolida.
Porque cuidar el entorno dejó de ser una consigna ideológica. Hoy es, simplemente, una responsabilidad común.
