En horas de la tarde de este lunes se publicó la noticia de que el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, decidió no someter a votación el Código Penal en esta legislatura.
Esto luego de los cuestionamientos en los que el autor de estas líneas ha participado, y a la forma en que se ha llevado el trámite legislativo de la pieza.
Es de rigor reconocer al presidente de la Cámara por esta decisión.
Con ella evita que se repita la historia de 2015, cuando la violación al trámite legislativo constitucional tuvo como resultado la anulación del Código Penal por parte del Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0599/15.
Con esta decisión se vuelve a poner en tierra firme el debate legislativo y social del Código Penal, permitiéndonos a todos retomar la discusión sobre el Código mismo, en lugar de agotarnos evaluando el procedimiento de aprobación.
Es, además, una muestra de buena fe, elemento innominado, pero necesario, para el éxito de cualquier sistema de gobierno democrático.
El primer y más importante límite del poder es la conciencia de quienes lo ejercen de las líneas que pudieran cruzar, pero no deben.
La prudencia y mesura demostradas en esta determinación cierran la puerta a un conflicto innecesario y preparan el escenario para el debate democrático. Ya habrá tiempo en la próxima legislatura para seguir el consejo del adagio clásico: “Vísteme despacio, que tengo prisa”.
Dejar el debate congresual del Código para el inicio de la próxima legislatura no tiene el efecto de retrasar su aprobación. Después de todo, si están los votos para lograrla, entonces poco podrá cambiar en las próximas seis semanas. No hay, pues, pérdida, sino ganancia.
Los riesgos de perseverar en el camino equivocado son siempre mayores que los de corregir, y eso último es lo que se ha hecho.