Lo que acaba de hacer la Procuraduría con el mega caso de sobornos de Odebrecht no es más que una burla contra la sociedad, un capítulo más en la larga historia de impunidad. De lo que haga o no este pueblo en los días por venir depende en gran medida el futuro inmediato del país.
Una de dos: o la sociedad se levanta y reclama castigo para los funcionarios y políticos implicados en el caso de corrupción más grande de nuestra historia, o los implicados se salen una vez más con la suya, se fortalecen política y económicamente y se nos imponen a todos.
A decir verdad, el procurador Jean Alain Rodríguez nunca inspiró mucha confianza en aquellos sectores de la sociedad que cuestionan la dependencia íntima e indisoluble del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, pues no se espera que un subalterno meta preso a su superior, y menos en un país donde la institucionalidad es una caricatura.
Sin embargo, dada la magnitud del escándalo, muchos le dimo el beneficio de la duda y esperábamos que aun por vergüenza, por el legado que va a dejar a su familia, y ante la presión social, al menos cumpliera en parte su compromiso de elaborar un expediente sólido, una acusación con bases tales que al menos la mayoría de los 14 imputados originalmente de recibir sobornos por US$92 millones –como admitió la propia Odebrecht- irían a la cárcel. Porque en verdad, elementos hay de sobra. Solo falta voluntad política.
Pero no. En un discurso bien ensayado ante el “teleprompter”, con su cara totalmente limpia, el procurador Jean Alain dijo que en lugar de incluir a otros en el expediente, quedaban excluidos ocho de los 14 imputados. Exactamente lo contrario de lo que la parte decente de la sociedad esperaba.
Ese jueves, el Procurador y quienes están detrás de ese adefesio de expediente, le dijeron al país –con hechos, no palabras- que no les importa lo que piense o exija la gente, lo que digan la Marcha Verde, los empresarios, la oposición y la parte sana del propio partido de gobierno. ¡Qué vergüenza!
Los propios peledeístas decentes, que los hay, reaccionaron sorprendidos de que Juan Temístocles Montás fuera excluido del expediente, “por no existir elementos de pruebas suficientes en su contra”, cuando él mismo admitió, hablando con la verdad, que recibió altas sumas de dinero para la campaña de su partido en dos ocasiones.
Cómo pueden convencer a la población de que hay “pruebas suficientes” contra Andrés Bautista y Chu Vásquez y no contra ningún senador oficialista, excepto Tommy Galán.
Cómo hablar de sobornos en el Congreso y no mencionar ni a un solo diputado.
Casi al mismo tiempo que la Procuraduría salía aquí con una verdadera payasada, en Perú la Fiscalía anunciaba la apertura de una investigación preliminar por lavado de activos contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo por presuntos aportes de campaña que hizo la empresa brasileña Odebrecht a sus formaciones políticas.
Y en Panamá están investigando a los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, este último, uno de los hombres más ricos de su país, extraditado ayer desde Estados Unidos.
Pero aquí no solo se burlan de nosotros, sino que usan el caso como arma para mantener en jaque no solo a los siete encartados, sino también a los otros ocho cuyos expedientes fueron archivados, por el momento.
Es decir, el Presidente, que es el jefe político del Procurador, tiene a su merced, colgados de un hilo, a posibles adversarios internos y externos, amén de que protege a varios de los suyos.
La sociedad no debe permitir que se salgan con la suya.
