Santo Domingo.- Un total de 346 querellas han sido interpuestas contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por familiares de las víctimas fallecidas y personas que resultaron heridas tras el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del pasado año.
El Ministerio Público deberá notificar formalmente la acusación a todas las víctimas que forman parte del proceso judicial. Para tales fines, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, otorgó un plazo de 10 días al órgano acusador para entregar la acusación, así como 30 días adicionales para que las víctimas, a través de sus abogados, presenten sus escritos de defensa o adhesión.
De acuerdo con la legislación vigente, todas las víctimas que han depositado querellas pasan a formar parte del proceso penal.
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De las 346 acciones legales, 22 corresponden a denuncias y el resto a querellas formales contra los hermanos Espaillat. Del total, 236 han sido presentadas por familiares de las personas fallecidas y 110 por víctimas que resultaron heridas, según consta en la acusación depositada por el Ministerio Público. La tragedia conmocionó profundamente a la sociedad dominicana.
Asimismo, el magistrado estableció un calendario para conocer la audiencia preliminar, la cual se celebrará todos los lunes a partir del 16 de marzo, fecha en que iniciará formalmente el proceso judicial.
De igual manera, el juez fijó para el 30 de enero el conocimiento de una solicitud de contra peritaje presentada por la defensa de los imputados. Esta solicitud contempla la realización de estudios técnicos a las ruinas de la discoteca, así como otras evaluaciones periciales, con el objetivo de utilizarlas como pruebas durante el juicio.
El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario, en perjuicio de 236 personas fallecidas, así como de golpes y heridas agravadas contra decenas de personas que resultaron lesionadas a causa del colapso del techo.
Según las autoridades, la investigación determinó que los propietarios del establecimiento agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios que garantizaran la resistencia estructural del edificio.
El órgano acusador sostiene, además, que los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos económicos pese a los riesgos evidentes para la seguridad de los asistentes.
Las pesquisas concluyeron que el derrumbe del techo del Jet Set Club se produjo como consecuencia de una sobrecarga estructural, provocada por la instalación de equipos pesados sin los estudios técnicos previos requeridos, desencadenando una de las peores tragedias ocurridas en un centro de diversión del país.
Estos hallazgos están sustentados en informes técnicos elaborados por los especialistas Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público como parte de la investigación.
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