Rodolfo Báez
Por Rodolfo Báez.
El caso de Elizabeth Silverio, quien recientemente fue condenada a siete años de prisión por falsificar títulos académicos y ejercer ilegalmente como neurocientífica y psicóloga, debe ser analizado a fondo. Su caso no es solo un ejemplo aislado de corrupción y falta de ética profesional, sino un reflejo claro de uno de los mayores problemas que enfrenta la República Dominicana: la ausencia de un régimen de consecuencias efectivo.
La justicia dominicana, al imponer esta condena, envía un mensaje importante, aunque la realidad es que estamos lejos de tener un sistema que realmente castigue las acciones que atentan contra la integridad social y educativa de nuestro país.
Silverio logró operar su centro «Knowledge Land» por años, engañando a padres desesperados que confiaban en ella para tratar a sus hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Con títulos falsos de universidades de renombre, tanto locales como internacionales, se hizo pasar por una experta, lo que le permitió ofrecer servicios médicos sin ninguna base profesional. Pero lo alarmante es que esta situación no fue detectada por las autoridades hasta que la periodista Nuria Piera destapó el caso en su programa de investigación, lo cual plantea serias preguntas sobre los controles institucionales que deberían haberlo evitado desde el principio.
El caso de Silverio refleja una de las grandes debilidades del sistema dominicano: la falta de un régimen de consecuencias robusto. En la República Dominicana, demasiadas veces hemos visto cómo individuos que transgreden la ley, ya sea a través de la corrupción, el fraude o el abuso de poder, escapan sin castigo o reciben sentencias leves que no disuaden este tipo de comportamiento. Elizabeth Silverio, además de los siete años de prisión, deberá pagar dos millones de pesos por cada niño afectado por su fraude. Esperamos que tenga para pagarlos y que luego eso no caiga en saco roto.
Su caso debe ser un llamado a la reflexión tanto para las autoridades como para la sociedad dominicana. ¿Qué tipo de mensaje estamos enviando si dejamos que personas que violan la ley de esta manera reciban castigos relativamente leves? El daño que Silverio causó a los menores de edad y a sus familias, especialmente aquellos con condiciones como el TEA, es irreparable. Estos niños y sus padres confiaron en ella para recibir atención médica especializada y luego se enteran que no tenía ninguna capacitación real para ofrecercela. ¿Cómo se puede reparar eso?
Elizabeth Silverio debe ser el detonante de una reforma necesaria en la República Dominicana, no una “reforma fiscal’’ para joder a “los hijos de Machepa’’. Necesitamos fortalecer nuestro régimen de consecuencias para que aquellos que intentan engañar al sistema enfrenten las penalidades que realmente merecen. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de supervisión, especialmente en las instituciones que briandan servicios de salud. Necesitamos monitoreo constante, por lo menos en los primeros años, sobre las empresas nacionales. Solo así podremos avanzar como sociedad y garantizar que nuestros niños, familias e instituciones estén protegidos de este tipo de fraudes. La justicia, aunque en este caso ha actuado, aún tiene mucho que demostrar si queremos ver un cambio real y duradero en nuestro país.
