Sobre el tan traído y llevado caso de David Ortiz, el cual ha concitado la atención en el país y en el exterior, deseo destacar dos cosas principalmente. Primera, que llama la atención que en la logística y la ejecución de este hecho haya participado una alta cantidad de personas (unas 14, algunas aun prófugas) de las que la casi totalidad de ellas son individuos que no exceden a los 32 años.
Esta circunstancia que se repite en muchos otros acontecimientos de carácter delincuencial y criminal en el país, nos habla de una honda inclinación de adolescentes y jóvenes hacia conductas que entran en grave conflicto con la ley. Esta condición deja ver el nivel de penetración y predominio de una serie de valores negativos (que no propenden al desarrollo humano) en una cada vez más amplia proporción de jóvenes pertenecientes a diversos estratos sociales.
o que comenzó como pequeño raterismo y delincuencia juvenil, ha ido profundizándose, al punto de que hoy se puede hablar de la existencia de una temible joven generación de “gatilleros”. De pandillas juveniles que operaban por el control de espacios o territorios, hemos pasado a bandas de sicarios jóvenes que han llegado a la degradación moral que significa asesinar a cambio de dinero, a quien no le ha hecho daño, y a veces ni conocen.
Lo dicho anteriormente constituye un serio desafío a la sociedad, y de mantenerse o crecer este estado de cosas nos hará una sociedad invivible. Esta realidad que debe ser enfrentada primordialmente por el Estado, con efectividad y sin dilación, tiene que ver con la existencia de alrededor de medio millón de jóvenes en RD que ni trabajan ni estudian, con la existencia hoy de unos 270,000 niños y adolescentes que trabajan (declaración de la viceministra de Trabajo Gladys Azcona), y con la existencia de una infinidad de familias desestructuradas o desechas.
La segunda cuestión a que me quiero referir, y no por ello menos importante, es sobre el relato de la Procuraduría General de la República-Policía Nacional en torno a los responsables intelectuales del caso David Ortiz. La historia de que la acción criminal no era contra el expelotero, y que el móvil fue vengar la delación contra el autor intelectual por parte de un pariente, hace 9 años, no es verosímil. No parece verdad ni aunque lo sea. Además, sus efectos son contraproducentes. ¿Qué seguridad hay en un país donde se pone en riesgo la vida de una persona tan conocida como David, por confundirla con otra? Igual que la mayoría, creo que algo se oculta.
Finalmente, quiero decir que apenan los roles que ha jugado el magistrado procurador en casos como Odebrecht, la magistrada Miriam Germán y ahora en este.
Papeles que hacen daño a nuestra cohesión social y a nuestro turismo.
