Por invitación de la presidencia dominicana, una comisión de los afectados por la sentencia del Tribunal constitucional (TC) fue recibida por el presidente Danilo Medina, el pasado 8 de octubre. Un gesto aplaudido por la mayoría, y criticado por unos cuantos que tienen influencia en algunos medios de comunicación.
Los cuestionamientos fueron en relación a si el Presidente pidiera excusas o perdón a sus huéspedes. Una forma clara de desviar la atención sobre las reales implicaciones y resultados de tan oportuna iniciativa por los compromisos del más alto nivel que envuelve.
Es oportuno señalar que ese importante encuentro fue una solicitud de la ONU. En efecto, en visita girada al palacio el 20 de septiembre, el nuevo representante del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez, acompañados de sus colegas jefes de misiones, había sugerido al presidente Medina oír a representantes de los dominicanos de origen haitiano.
Para esa fecha ya se sabía, incluso en los corrillos diplomáticos, que venía lo del TC. Lo cual se confirmó cinco días después con la publicación de la pieza jurídica TC-168-13.
El Bonó, un centro social de los jesuitas, orden de donde procede el Papa Francisco, que trabaja en el empoderamiento de los sectores excluidos, las políticas sociales y los derechos humanos, sirvió de enlace para coordinar con los dominicanos de origen haitiano su participación al encuentro.
De esto nadie ha hablado, pero se sabe que algunos influyentes hombres y mujeres de negocios, en la dinámica iniciada en Miami, de resolver el conflicto sobre la prohibición de productos dominicanos de parte del gobierno haitiano, han intervenido ante la presidencia para animar a la búsqueda de una solución a la situación, con un pronunciamiento del Presidente de la República.
Con el rechazo de los expertos en derecho constitucional dominicano, no hace falta nuevas consultas para admitir que el fallo tiene fallas graves. Asimismo, con el apoyo de la sociedad dominicana, tal como sucedió cuando se quiso excluir de las aulas a los hijos de inmigrantes haitianos o cuando se tuvo que renegociar el contrato de la Barrick Gold, autoridad legal y moral le sobran a un Jefe de Estado que tiene la obligación de asegurar el respeto estricto de la Constitución.
Empero la batalla es más política que jurídica. Ya que la sentencia es el manto para el cumplimiento de una agenda política de un sector que bajo el chantaje de alguna colaboración electoral se permite desafiar a la autoridad establecida mostrando abiertamente su hostilidad a la diáspora haitiana en la República dominicana.
Por lo tanto, el manejo político requiere de tacto e inteligencia. Las reacciones o repuestas del Presidente se adecuan a esa realidad. De un lado, pareció eludir el problema ante los delegados de la ONU. Mientras en la reunión con los afectados reconoció estar frente a compatriotas dominicanos. “Su acento no me deja dudas” dijo a la comisión de la cual formó parte un ex funcionario municipal en San Pedro de Macorís, Antonio Pol Emile.
No se trata tan solo del caso de este último. Altos oficiales del Ejército, de la Policía, incluso de los cuerpos investigativos del país y un número significativo de miembros de bajo rango, son dominicanos de origen haitiano que hablan creole perfectamente. Al igual que varios síndicos. Incluso uno que tiene su madre aún viva en Haití. Los hay también miembros del Congreso.
Dichas personas, en su gran mayoría, han tenido que vivir toda su vida en una suerte de clandestinidad cultural por no poder asumir, a diferencia de los dominicanos en el exterior, sin temores, su origen. Pese a ese sacrificio, hoy están condenadas, por 11 hombres, y una minoría «zwit» (en creole muy pequeña) racista, a pasar por la humillación de una depuración étnica.
En su ceguera xenófoba anti haitiana los que promovieron la sentencia del TC no previeron las inimaginables consecuencias para el orden socio político de su acción.
El Jefe de Estado, en su rol primordial de mantener la unidad nacional, dio el paso correcto. Reconoció la dominicanidad de los afectados. Se comprometió a buscar, de acuerdo a sus propias prerrogativas constitucionales, como las de otros órganos estatales y los compromisos internacionales dominicanos, una solución al impase legal provocado por la sentencia.
Más allá de lo legal, en lo político, lo más urgente es evitar una ruptura social de repercusiones nefastas para la gobernabilidad. En esto, Medina cuenta con el respaldo del pueblo dominicano y el reconocimiento internacional de su gestión.
