Matías Bosch
La noticia se viralizó. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le habló a los más ricos reclamando generosidad y les espetó: “Hay algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15% o un 20% menos ricos. Ustedes tienen dinero para vivir 10 o 20 vidas. No va a vivir suficiente para acabárselo”.
Pero, en concreto, sus medidas no tocaron seriamente la riqueza ni el poder de nadie. Consisten en el pago de 300 dólares (15,975 pesos dominicanos) para la alimentación de 1.5 millones de hogares, a costa de 450 millones de dólares (de un total de 2000 millones) que el país va a tener que cargar como deuda externa.
Además, Bukele anunció la suspensión por tres meses de los pagos de alquileres, servicios del hogar, congelamiento de los créditos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, emprendimientos y capital de trabajo, y que las cuotas se distribuyan en años sin generar mora ni intereses extraordinarios. Ojo: no es que se dejarán de pagar.
A partir de ahí, Bukele -en el performance más que en el contenido- se convirtió en el parámetro del discurso presidencial ante la pandemia de Covid-19.
Se esperaban con ansiedad los anuncios del presidente Medina. Montos más, montos menos, el menú no fue muy diferente. A 1.5 millones de hogares les llegará 5000 pesos mensuales para su alimentación durante dos meses (un total de 10 mil pesos) y a una parte se le entregará 2000 pesos más (14 mil pesos en total).
Gracias a su discurso, ahora muchos saben que bajo el título de “Solidaridad”, 811,000 familias han vivido con 1,500 pesos mensuales. Además, prometió más de un millón de raciones alimenticias periódicas a través del Plan Social de la Presidencia, el Ministerio de Educación, INAIPI y los Comedores Económicos.
Tal vez la gran diferencia de Medina estuvo en decir que de ese paquete, calculado en 32 mil millones de pesos, se destinarían 8500 pesos para cubrir al menos el “70% del salario de cada trabajador, siempre a cambio de que los empleos sean preservados” en empresas que hayan suspendido labores o tengan dificultades.
Ante esto, caben algunas preguntas:
¿Por qué acudir a los fondos acumulados para cubrir la prevención, atención y reparación de las enfermedades producto del trabajo y los accidentes laborales (los 12 mil millones de pesos de IDOPPRIL), más una deuda con el Banco Central y otra con el Banco Mundial, si en la Ley de Presupuesto General del Estado de 2020 quedó consignado un estimado de 32 mil millones de pesos en base al 1% de los Ingresos Corrientes y el 0.5% del PIB nominal, para atender calamidades o emergencias públicas?
¿Con qué criterios se calcularon los 5000 y 7000 pesos, sabiendo que la canasta básica del 20% más empobrecido de la población está valorada en 14,465 pesos?
¿Por qué esperar al hoy 1ro. de abril cuando ya Copardom ventilaba en redes sociales las mañas legales para justificar suspensiones y despidos? ¿Por qué no se exigió más a los bancos privados en tasas de interés, pagos de préstamos e hipotecas, así como a las empresas que prestan servicios básicos (telefónicas, por ejemplo??
¿En qué condiciones se dará el auxilio estatal -que es producido por la propia clase trabajadora a través de los impuestos y los ingresos de las empresas- si 8,879 empresas han suspendido a casi 120 mil trabajadores? Y conste: esto no incluye los contratos que cesaron de “mutuo acuerdo” y se cuenta sólo lo ocurrido en el sector formal.
Ante este maratón de suspensiones y despidos como a material desechable, ¿cuáles son las medidas políticas y cuál es el verdadero compromiso cívico y patriótico de la clase empresarial -desde la gran hasta la pequeña empresa- para proteger responsablemente a trabajadores.
