Erick Hernández Machado, coordinador de Participación Ciudadana. Fuente externa
En ocasión de la celebración de “El Día del Poder Judicial”, se ha manifestado su máximo representante exponiendo ante el Presidente de la República, que faltan recursos económicos a ese Poder del Estado. El Poder Judicial, no está sujeto a una determinada política general de un gobierno determinado, sino a las obligaciones que la Constitución le asigna directamente.
Por ello, corresponde al Poder Judicial, en cuanto a sus funciones y con base a la independencia que le es consustancial, fijar autónomamente sus objetivos institucionales que, obviamente, tienen un componente presupuestario. La garantía del Poder Judicial también se manifiesta a través del rol que debe cumplir el proceso presupuestario, puesto que, de no ser así, se corre el riesgo del su sometimiento al gobierno que le toque dirigir el Poder Ejecutivo.
Cuando el artículo 93.h de la Constitución dispone, que el Poder Judicial presenta sus consideraciones sobre la creación de tribunales, por lo cual la Constitución está habilitando al Poder Judicial para que participe en el proceso presupuestario, presentando su propio proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, sin que este último lo modifique, máxime cuando hay un mandato legislativo de participación alícuota, como ahora acontece, para su integración al proyecto general de presupuesto y posterior sustentación ante el Congreso de la República Dominicana, puesto que, dada su condición de Poder del Estado y atendiendo a las funciones que debe cumplir y al lugar que ocupa en la configuración de nuestro sistema democrático, le corresponde, al igual que el Poder Ejecutivo, la obtención de dicha partición proporcional o alícuota derivada de la Constitución y la ley, competencia esta que es garantía de su independencia; de no ser así la garantía se convertiría en ilusoria y quimérica.
La estabilidad democrática, la sociedad dominicana y los jueces y juezas dominicanos deben tener muy pendiente que nuestra Constitución nos describe como un Estado Social y Democrático de Derecho el cual se garantiza por vía de los Tribunales de la República y estos se fortalecen a través de los recursos económicos que la ley asigna, y a falta de ello, corremos el riesgo de conformar un Poder Judicial disfuncional, con consecuencias imprevisibles e irreparables para la sociedad, puesto que donde no existe un sistema de justicia efectivo, se crea un Estado de anarquismo, quedando eliminada la cohesión social a que aspira toda Nación.
