Carlos Salcedo
Ya que, sin dejar considerar lo importante que es en democracia la existencia de diferentes medios de fiscalización, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ha manifestado su simpatía con la conversión del Congreso Nacional en unicameral, me permito reiterar, mi propuesta de años, de la justificación para eliminar una de nuestras cámaras legislativas.
A pesar de su antigüedad, la bicameralidad ha sido mayormente aplicada en los Estados Federados (como los Estados Unidos de Norteamérica, de donde recibimos influencia por la Constitución de 1787) donde se debe contar con una representación geográfica y poblacional de cada Estado, sin generar desigualdades entre los Estados de mayor o menor tamaño y densidad poblacional.
Es cierto que surgimos como un Estado con un Poder Legislativo bicameral, pero en la República Dominicana hemos tenido un sistema unicameral en unas 11 ocasiones.
A pesar de sus predicadas bondades, como el que con el sistema bicameral la democracia es más efectiva y que hay una mayor reflexión, revisión y control de los proyectos legislativos, en la práctica, esto no siempre se cumple porque hemos visto como una cantidad innumerable de leyes son ineficientes y deben ser sometidas a modificaciones y derogaciones posteriores en un tiempo relativamente corto.
Desde 2010 los diputados están limitados a 190 a nivel nacional, a pesar del incremento poblacional. Si es posible limitar la cantidad de diputados es porque la representatividad deseada puede alcanzarse con una fórmula que permita que los ciudadanos cuenten con un mínimo de representación para la toma de decisiones.
Una fórmula podría ser contar con una sola cámara con un mayor número de representantes de los que cuenta el Senado; pero en número muy inferior al que tiene la Cámara de Diputados. Esto garantiza, igualmente, a los ciudadanos contar con representantes de las diferentes demarcaciones territoriales.
Con una sola cámara legislativa, como ocurre en países con mayor territorio y población que el nuestro, se garantizaría el cumplimiento del rol del Poder Legislativo, se disminuiría la burocracia, se reducirían los gastos públicos y se facilitaría la aprobación de leyes. Además, se puede alcanzar la tan anhelada eficiencia en la República Dominicana y superaríamos los trámites interminables que complican la toma de decisiones democráticas. Reflexionemos con madurez política y ciudadana suficientes. Decidamos por una democracia mucho más viva y participativa.
