CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Un cardenal que habría convencido a un subordinado de que les mintiese a los fiscales. Abogados y agentes que habrían convencido al número dos del Vaticano de que aprobase un desastroso negocio inmobiliario. Una analista que compró artículos de Prada y de Louis Vuitton con dinero del Vaticano que supuestamente debía entregar a rebeldes que tenían a una monja como rehén.
Los fiscales del Vaticano han radicado una serie de cargos escandalosos en el juicio penal más grande en la historia moderna de la Santa Sede, el cual se inicia el martes en un tribunal instalado en los museos vaticanos.
El otrora poderoso cardenal y otras nueve personas son acusadas de malgastar decenas de millones de dólares donados al Vaticano a través de malas inversiones, acuerdos con empresarios turbios y posibles favores a familiares y amigos.
Enfrentan condenas a prisión o multas, si no ambas, en caso de ser hallados culpables. El juicio, que seguramente será aplazado por varios meses después de las vistas del martes y miércoles, es la culminación de una investigación de dos años de una inversión de la Santa Sede en una fallida aventura inmobiliaria de 350 millones de euros.
Esa operación expuso los manejos financieros del Vaticano y su deficiente estructura, que permitió que un puñado de personas causasen enorme daño a las finanzas y la reputación del Vaticano, actuando sin ningún tipo de control y en base a conocimientos limitados.
Los fiscales plantean que el papa Francisco y sus principales asesores no solo estaban al tanto de algunas de las transacciones, sino que, en algunos casos, las autorizaron explícitamente, sin revisar todos los documentos ni comprender los detalles.
Un monseñor hasta hace poco considerado uno de los principales sospechosos, Alberto Perlasca, logró evitar ser imputado. Su oficina manejaba las inversiones del Vaticano de principio a fin y su jefe lo identificó como el principal responsable de tapar el costoso resultado.
Los fiscales, no obstante, dijeron que Perlasca se dio vuelta y es un testigo importante de las irregularidades. Francisco ya ha condenado en la práctica al único cardenal enjuiciado, Angelo Becciu.
El año pasado Francisco le mostró a Becciu pruebas de que él había enviado 100.000 dólares del Vaticano a una organización caritativa manejada por un hermano suyo.
Francisco se aseguró de que Becciu renunciase como jefe de la dependencia que nombra santos y luego le desconoció sus derechos como cardenal.
Becciu, quien está acusado de desfalco y de presionar a Perlasca para que cambiase su testimonio, niega las acusaciones.
Ex jefe de personal de la secretaría de estado del Vaticano, Becciu es asociado asimismo con un misterioso personaje que también está siendo enjuiciado, Cecilia Marogna, a quien contrató en el 2016 como consultora de seguridad.
Los fiscales dicen que Marogna desvió 575.000 euros que Becciu había asignado al pago del rescate de rehenes católicos.
Documentos bancarios de una compañía eslovena suya indican que las transferencias del Vaticano fueron usadas para comprar artículos de lujo.
Marogna sostiene que el dinero fue una compensación legítima por sus servicios y también cubrió costos en los que incurrió ella. El negocio de bienes raíces data del 2014, en que la secretaría de estado del Vaticano decidió invertir en principio 200 millones de euros en un fondo manejado por el empresario italiano Raffaele Mincione.
La mitad del dinero fue usada en la compra del edificio de Londres. Para noviembre del 2018, la inversión original ya había perdido 18 millones de euros, según los fiscales, lo que empujó al Vaticano a buscar una salida, aunque reteniendo intereses en el edificio, que se encontraba en el exclusivo barrio londinense de Chelsea.
Otro agente italiano, Gianluigi Torzi, ayudó a arreglar un pago de 40 millones de euros a Mincione para sacarlo del medio. Según los fiscales, Torzi engatusó a la Santa Sede y restructuró 1.000 acciones de la nueva empresa dueña de la propiedad de modo tal que él se quedaba con el derecho al voto.
Los fiscales dicen que acto seguido Torzi extorsionó al Vaticano y le sacó 15 millones de euros para devolverle el control del edificio, que la Santa Sede creía haber adquirido.
Mincione y Torzi, quienes están acusados de fraude, lavado de dinero, desfalco y otros cargos, niegan también las acusaciones.
El pago de 15 millones de euros a Torzi es el eje del juicio. Los fiscales acusan a Torzi de extorsionar al Vaticano y a los organismos financieros del Vaticano de no haber hecho nada para impedir el pago.
Los administradores del Vaticano afirman que no tenían otra opción que pagarle a Torzi, dado que la secretaría de estado, a sabiendas o no, había firmado documentos que daban a Torzi control del edificio.
Los fiscales creen que el secretario de estado, cardenal Pietro Parolin, fue embaucado y convencido de firmar el contrato de Torzi por un abogado que presentó un memorando de una página en el que describía la operación, pero omitía detalles básicos, incluido el derecho al voto de Torzi.
