Manuel Jiménez V.
Cerramos el año con una República Dominicana que, con sus altas y bajas, muestra una estabilidad política, un crecimiento económico envidiable y un panorama que invita al optimismo para 2025.
Según organismos internacionales y agencias calificadoras, nuestra economía navega en aguas más calmadas que las de muchos países de la región, un logro que no podemos tomar a la ligera.
Sin embargo, no todo es color de rosa; entre promesas de obras y bonos navideños que generan más ruidos que alegría, queda claro que el Gobierno necesita ajustar la brújula para convertir buenas intenciones en resultados concretos.
El año parece terminar con cifras que hablan bien de nosotros: un crecimiento del PIB que supera el 5 %, un récord de visitantes extranjeros que podría superar los 11 millones y un gobierno que no ha escatimado en anuncios de proyectos de infraestructura por doquier.
Todo esto suena alentador, pero el presupuesto nacional revela un dato que no deja de inquietar: sólo un 12% se destina a inversión pública. Es decir, estamos prometiendo mucho, pero invirtiendo relativamente poco en construir el futuro que tanto proclamamos.
La gestión gubernamental ha demostrado tener un don especial para la propaganda, pero un talón de Aquiles en la ejecución. La falta de planificación y los errores en la gestión son una constante que amenaza con minar la credibilidad de las instituciones.
Un ejemplo fresco como la lechuga es el fiasco de los bonos navideños, destinados a beneficiar a los más vulnerables, pero que terminaron en el ojo del huracán cuando se descubrió que figuras como tres expresidentes y miembros de la oposición estaban en la lista de beneficiarios.
Aunque Gloria Reyes, directora de Supérate, explicó que en esta ocasión se incluyó a pensionados y desempleados, uno no puede evitar preguntarse: ¿no contamos con tecnología suficiente para depurar los listados? ¿No se pudo prever que este desliz generaría un escándalo innecesario? Más aún, ¿cómo es posible que el portal colapsara bajo la demanda, dejando la puerta abierta para que estafadores crearan una versión falsa para lucrarse con la ingenuidad de los usuarios?
Este incidente, lejos de ser un detalle menor, evidencia una preocupante falta de previsión en la Administración pública. Las políticas sociales son fundamentales, pero deben implementarse con la rigurosidad y el cuidado que merecen, sobre todo cuando están bajo la lupa de un país que espera ver resultados tangibles, no escándalos.
El presidente Luis Abinader ha proyectado un aumento en el ingreso per cápita de poco más de $11,000 a $15,000 dólares, una meta ambiciosa que refleja la confianza en el rumbo económico del país.
La visión de una República Dominicana desarrollada es algo que todos compartimos, pero para llegar allí necesitamos más que buenas intenciones.
Como me dijo un amigo en una conversación reciente: “Luis tiene buenas intenciones, pero no lo ayudan”.
No se trata sólo de crecer económicamente; se trata de hacerlo con equidad, reduciendo la cantidad de vulnerables hasta el punto en que los programas sociales sean una red de seguridad para pocos, no una necesidad estructural para muchos.
Esto implica fortalecer la institucionalidad, modernizar la Administración pública y cerrar de una vez por todas las grietas que permiten los deslices y los ruidos innecesarios.
Comparado con el contexto convulso de América Latina, nuestra estabilidad es un privilegio que debemos proteger. Pero la estabilidad no es un destino, sino un estado que hay que trabajar para mantener.
Cerramos el año con una economía en crecimiento, un récord de turismo y un gobierno que, a pesar de sus errores, ha logrado mantener el barco a flote.
Pero si queremos que 2025 sea realmente un año de oportunidades, es hora de exigir más planificación, más transparencia y menos excusas.
Porque, como dice el dicho, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, y nosotros aspiramos al desarrollo, no a repetir los mismos tropiezos.
