La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tiene en la actualidad 243 mil estudiantes (casi un cuarto de millón) según lo ha afirmado su rectora, doctora Emma Polanco.
Estos estudiantes son, en su mayoría, jóvenes pertenecientes a estratos empobrecidos de la población que persiguen lograr mediante su profesionalización una movilidad ascendente respecto a sus actuales condiciones socio-económicas. Pero ese interés ha chocado hasta el momento con serios valladares.
Aunque nuestra Constitución vigente consagra en su artículo 63 sobre el Derecho a la Educación, que toda persona tiene derecho a una educación “en igualdad de condiciones y oportunidades”, bien sabemos que esto es letra muerta.
La desigualdad educativa en realidad promueve la reproducción de la pobreza y la continuidad de la inequidad social.
El crecimiento vertiginoso de la población estudiantil en la UASD no ha estado acompañado nunca de un adecuado aumento presupuestal.
De ahí que esta institución desde décadas haya tenido que disponer gran parte de sus energías para demandar un incremento de los fondos que se le destinan como institución superior de carácter público. Nuestras autoridades estatales no han correspondido a su responsabilidad de garantizar y resguardar una educación gratuita de calidad para la juventud estudiosa de la República Dominicana.
Cierto es, sin embargo, que algunas gestiones académicas de nuestra universidad han confundido la prerrogativa de la autonomía con el poder de no transparentar ni rendir cuenta respecto a sus funciones y disposiciones administrativas. Gran equivocación.
Hoy es probable que la UASD tenga los mejores profesores, pero también los peores. La masificación sin recursos influye para que no todos los docentes tengan la alta calidad deseada.
La UASD investiga, pero es obvio que no lo hace en la proporción en que lo requiere el país. Por otra parte entiendo que la escogencia de la carrera o profesión a ser impartida por la institución y recibida por los estudiantes no se puede dejar a una mera decisión espontánea y personal, máxime en un país como el nuestro, con recursos limitados y con necesidades apremiantes en determinadas áreas de la realidad.
En los últimos tiempos, puedo observar, como viejo uasdiano, que nos hemos alejado como nunca de la sociedad y que gran parte de ella se ha alejado de nosotros. Esto es sumamente doloroso, sobre todo tratándose de una universidad que se ha concebido a sí misma como “faro de luz”.
Situaciones como las antes descritas y otras más, no pueden continuar. Y para impedir que sigan ocurriendo propongo un pacto entre la UASD y el Estado. Un pacto no para que la UASD pierda su esencia democrática, de masas, crítica y popular, sino para alcanzar la mayor eficiencia y calidad, para que sea enteramente transparente y pertinente.