El pasado mes de noviembre la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
La acción también se extendió a su exministro de Defensa Yohav Gallant y a Mohammed Deif, uno de los líderes militares de Hamás.
La decisión se funda en que, según el tribunal internacional, hay evidencia "razonable” para afirmar que los tres son responsables de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad, los que habrían sido cometidos durante el conflicto que se desató el 7 de octubre de 2023.
Sin embargo, la decisión enfureció tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó a firmar en las últimas horas una una orden ejecutiva para sancionar al organismo.
El mandatario acusó a la CPI de adoptar "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" y su estrecho aliado Israel.
"Ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas que sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto", dijo Trump.
Esa "conducta maligna", en su opinión, "amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense" y de sus aliados.
Sin embargo, los efectos que pueda tener la orden del CPI contra Netanyahuno fueron desde el principio directos.
Que la detención se concrete dependerá de que los 125 estados parte de la CPI, dentro de los que no se encuentran ni Israel ni Estados Unidos, así lo decidan. Y sólo si es que el primer ministro israelí pisa sus territorios.
La orden de Trump pone presión sobre los estados y lo que decidan en caso de recibir una visita del primer ministro israelí.
Si se mira la historia de la corte, el destino de estas órdenes de captura ha sido bastante disímil: enfrentan una serie de obstáculos para concretarse y las pocas que han tenido éxito siempre han tardado extensos periodos de tiempo.
En BBC Mundo te contamos cuáles son los otros líderes internacionales que han sido acusados y procesados por la CPI y qué pasó con ellos.
Vladimir Putin
Fue en marzo de 2023 que el organismo emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin al considerarlo responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
La acción del tribunal también incluía a la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
A casi dos años de aquello, sin embargo, ninguno de ellos ha sido extraditado ni capturado.
La CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que forman parte del acuerdo sellado en el marco del Estatuto de Roma, el que no incluye a Rusia.
La orden de arresto en contra de Putin, de hecho, ha quedado al arbitrio de los países que ha visitado y, pese que algunos de ellos sí son signatarios del Estatuto de Roma y reconocen la jurisdicción de la CPI, ninguno intentó detenerlo.
Por ejemplo, el mandatario ruso recibió una calurosa bienvenida durante una visita oficial a la vecina Mongolia -miembro de la CPI- en septiembre pasado.
Omar al-Bashir
El 4 de marzo de 2009, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
El tribunal encontró razones fundadas para establecer su responsabilidad en un genocidio , además de acusarlo por crímenes de lesa humanidad y de guerra en el marco del conflicto en la región de Darfur.
El conflicto étnico se originó en 2003, cuando grupos rebeldes -incluyendo el Ejército de Liberación de Sudán (ELS)- comenzaron a atacar a las fuerzas del gobierno.
La orden de captura de la CPI hasta el día de hoy no se concreta. Sudáfrica, país signatario del Estatuto de Roma, no lo detuvo cuando visitó esa nación en 2015.
Al-Bashir continuó siendo presidente de Sudán hasta 2019, cuando fue derrocado por presiones internas.
Y si bien hoy se encuentra detenido, aún no enfrenta la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que se le imputaron desde la Corte Penal Internacional.
Slobodan Milosevic
Una suerte distinta a la de Putin y Al-Bashir enfrentó el expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, quien se convirtió en el primer jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio y crímenes de guerra.
Fue detenido en 2001 por orden del primer ministro serbio Zoran Djindjic, quien luego sería asesinado (13 de marzo de 2003).
Se enfrentaba a tres acusaciones por atrocidades cometidas en Kosovo, otra por crímenes en Croacia y una tercera por genocidio en Bosnia (1992 y 1995).
Las tropas de Milosevic dejaron más de 200.000 muertos en Bosnia y 2 millones de personas sin hogar, además de realizar una limpieza étnica de albaneses en Kosovo.
También se le atribuyó una presunta connivencia en la masacre de más de 7.000 varones musulmanes en Srebrenica en julio de 1995.
Milosevic fue hallado muerto en su celda en La Haya el 11 de marzo de 2006, antes de que pudiera concluir su juicio.
Charles Taylor
Otro caso exitoso de la CPI es el del expresidente de Liberia, Charles Taylor, quien recibió una condena de 50 años de prisión en un tribunal de crímenes de guerra de La Haya respaldado por Naciones Unidas.
Taylor fue declarado culpable de ayudar, armar e instigar a los rebeldes de Sierra Leona durante la guerra civil de 1991-2002.
Según los jueces, los rebeldes fueron responsables de decenas de miles de asesinatos y violaciones.
Una atrocidad característica de los rebeldes que invadieron Sierra Leona en la década de 1990 era cortar miembros con un machete o un hacha.
A Taylor se le atribuyeron 11 cargos, entre ellos terror, asesinato, violación y el uso de niños soldados. Pero el tribunal respaldado por las Naciones Unidas consideró que su influencia no alcanzaba la responsabilidad de mando.
La fiscalía del Tribunal Especial para Sierra Leona pedía una pena de 80 años de prisión, que la defensa consideró excesiva.
Al final, Taylor se convirtió en el primer exjefe de Estado declarado culpable por crímenes de guerra en una corte internacional desde los juicios de Nuremberg contra los nazis.
Charles Taylor cumple su condena en Reino Unido.
Félicien Kabuga
El 29 de agosto de 1998, la Corte Penal Internacional para Ruanda acusó al empresario Félicien Kabuga por genocidio.
Pero el acaudalado empresario burló durante más de dos décadas y media a los fiscales del tribunal, utilizando 28 alias y poderosas conexiones en dos continentes para eludir su captura.
En mayo de 2020, finalmente fue detenido en París.
Los fiscales afirmaron que Félicien Kabuga colaboró con los escuadrones de la muerte en la matanza de tutsis y utilizó una emisora de radio para incitar al odio contra ellos.
Unos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en el genocidio de Ruanda.
Kabuga fue acusado de crear lo que los fiscales han descrito como el arma más poderosa en la ejecución del genocidio: una emisora de radio que se utilizó para movilizar a un grupo étnico, los hutus, para que se alzaran en armas contra los tutsis.
Se alega que la emisora de radio emitió mensajes de odio, describiendo a los tutsis como "cucarachas".
También se le acusó de adquirir machetes y proporcionárselos a escuadrones de la muerte para realizar matanzas.
Y pese a que la justicia internacional llevó adelante un juicio en su contra, éste fue suspendido por considerarse que sus problemas de salud mental no le permitían “participar significativamente” en el proceso, proponiéndose un procedimiento alternativo.
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