Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump aplicó un golpe doble para beneplácito por los sectores religiosos conservadores: amplió las categorías de empleadores autorizados a optar por no proporcionar servicios de control natal gratuitos a los trabajadores y emitió amplias disposiciones sobre libertad religiosa que podrían anular muchas medidas que protegen a las personas LGBT y otras de la discriminación.
En una época en que Trump enfrenta problemas en diversos frentes, las dos directrices —emitidas el viernes casi de manera simultánea— muestran el afán del presidente por retener la lealtad de los sectores sociales conservadores que conforman parte crucial de su base de apoyo.
Los dirigentes de esos sectores estaban felices. «El presidente Trump está demostrando su compromiso de deshacer las políticas del gobierno anterior que atentan contra la fe y de restaurar la verdadera libertad religiosa», afirmó Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación de la Familia.
Los grupos activistas liberales, entre ellos los que defienden a las personas LGBT y los derechos reproductivos, expresaron su indignación.
«El gobierno de Trump le está diciendo a los empleadores: ’si quieren discriminar, los apoyamos’», declaró Fatima Goss Graves, presidenta del Centro Jurídico Nacional de la Mujer.
La organización de Goss figura entre varias que tienen la intención de impugnar en los tribunales el retroceso en el apoyo al control natal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) interpuso una demanda así menos de tres horas después de que se emitieran las normativas.
«El gobierno de Trump está obligando a las mujeres a pagar por las creencias religiosas de sus jefes», declaró la abogada Brigitte Amiri de la ACLU.
«Estamos interponiendo esta demanda porque el gobierno federal no puede autorizar la discriminación contra las mujeres en nombre de la religión o por otras causas», agregó.
Los fiscales generales demócratas de California y Massachusetts también interpusieron demandas similares el viernes.
Las dos directrices estaban siendo elaboradas desde hace meses, y los activistas de ambos bandos de una guerra cultural se mantuvieron muy pendientes acerca de sus detalles y del momento en que serían promulgadas.
La normativa sobre la libertad religiosa, emitida por el secretario de Justicia Jeff Sessions, ordena a las agencias federales que hagan cuanto les sea posible para atender a quienes consideren que su libertad religiosa está siendo infringida.
De hecho, la medida les quita una carga a los objetores religiosos de tener que demostrar que son sinceros en sus creencias sobre el matrimonio u otros temas que influyen en diversas actividades.
«Salvo en las circunstancias más extremas, nadie debería ser obligado a elegir entre vivir su fe o cumplir la ley», escribió Sessions.
En lo que tal vez sea uno de los aspectos más controvertidos del documento, el Departamento de Justicia afirma que las organizaciones religiosas pueden contratar a trabajadores con base en sus creencias y la disposición del empleado «de adherirse a un código de conducta».
Muchas escuelas cristianas conservadoras y organismos religiosos exigen a sus empleados que se ciñan a códigos morales en los que se prohíben las relaciones sexuales fuera del matrimonio y entre personas del mismo sexo, entre otras conductas.
