SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó esta noche 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para siete de los ocho imputados en operación Gaviota.
La red es acusada de captar más de RD$3,000 millones a través de un esquema fraudulento representado por Investor Winner.
La medida de coerción fue impuesta a los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez.
Mientras que a a Lucia Martínez Colón se dictó garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
Por falta de representante legal, la jueza Fátima Veloz decidió desglosar el conocimiento de la coerción contra las 15 personas jurídicas. Son estas: Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
El Ministerio Público precisó que la organización prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%.
Señala que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
De acuerdo al Ministerio Público, las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Asimismo, indicó que los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
El informe establece que los imputados hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
Agrega que para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
