Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en una audiencia del caso Odebrecht.
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó esta tarde a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa a ocho y cinco años de reclusión mayor, respectivamente, y declaró la absolución de los demás imputados en el caso Odebrecht.
El tribunal absolvió de todos los cargos que se les imputaban a Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez; ordenó la eliminación de las medidas de coerción impuestas a estos cuatro imputados y rechazó el decomiso de sus bienes. Argumentó que contra estos imputados no fueron aportadas pruebas que comprometieran su responsabilidad penal.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo impusieron además a Rondón y Díaz Rúa el pago de una multa de 200 salarios mínimos y ordenó el decomiso de los bienes vinculados a los ilícitos retenidos. Rondón fue hallado culpable de sobornos y lavado de activos.
Mientras que Víctor Díaz Rúa fue declarado culpable de lavado de activos.
«En consecuencia ordena el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de todos los bienes afectados en ocasión de este proceso con respecto a eso imputados», precisó el tribunal refiriéndose a los casos de Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez .
Mientras que ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios bienes del imputado Víctor José Díaz Rúa, entre ellos, un inmueble en el complejo Casa de Campo, apartamento en la Torre Caney, ubicada en la avenida Anacaona, sector Bella Vista; el yate con el nombre «Balbie»; la sociedad Albox S. A; la sociedad Radio-Difusora Sky Land S.A; la sociedad Inversiones Monttoba S. R. L., así como dos cuentas de ahorros y tres cuentas corrientes del Banco de Reservas.
También ordenó el decomiso de las sociedades Lashan Corp., propiedad de Ángel Rondón, y todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que registren en entidades de intermediación financieras y de valores, nacionales y extranjeras.
El tribunal rechazó variar la medida de coerción impuesta a Díaz Rúa y Rondón porque según las actas de las audiencias estos siempre se han presentado al proceso, el cual todavía no concluye ya que las partes tienen un plazo para recurrir en apelación la sentencia.
