Tribunal condena a 20 años de prisión a 9 principales implicados en Operación Cattleya

Santo Domingo .–  El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este martes a 20 años de prisión a 9 de los principales responsables de la red tráfico ilícito de migrantes y trata de personas desmantelada mediante la operación Cattleya, mientras que otros cuatro fueron sentenciados a tres años por proxenetismo y uno a seis meses por posesión ilegal de marihuana.

El tribunal condenó a 20 años de prisión y el pago de 150 salarios mínimos a José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín Peguero, Oscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua y Oscar Wilcenne, tras ser declarados culpables de los hechos que se le imputan.

Además de la trata de personas, Dionicio Mieses de la Cruz también fue condenado por delitos de alta tecnología conforme a la Ley 53-07, en tanto que María Paula Murillo Vargas, en adición, fue condenada por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Mientras que los cuatro condenados a tres años de prisión por proxenetismo y al pago de una multa de RD$50,000 fueron José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo.

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En tanto que el condenado a seis meses de prisión suspendida por posesión de marihuana fue Oliver Arnaud Lewinsky (Timothy Willian Case Renee).

Por otro lado, el acusado Carlos Jonathan Walwyn Campusano fue declarado no culpable de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, dictándose sentencia absolutoria a su favor por insuficiencia de pruebas y se ordenó el cese de las medidas de coerción en su contra.

Además el tribunal declaró penalmente responsable al Hotel Oscar Inn Santo Domingo por su vinculación con la red criminal y ordenó su disolución. Asimismo, ordenó el decomiso de los bienes incautados durante la investigación, los cuales incluyen propiedades utilizadas para la comisión de los delitos.

Vienes incautados

En cuanto a los bienes incautados, el tribunal ordenó el decomiso de los siguientes vehículos a favor del Estado dominicano: Hyundai Sonata N20, año 2016, color blanco, placa A815590; Honda Accord ELX, año 2013, placa A785478.

En el aspecto civil, el tribunal acogió parcialmente la querella de dos de las víctimas, presentada por Angela Díaz, encargada de asistencia a víctimas de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

En ese sentido, ordenó el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios de RD$3,000,000.00 a favor de una de ellas, a ser pagados de manera conjunta y solidaria por los acusados José Alberto Rosario Soriano, María Paula Murillo Vargas, Dionicio Mieses de la Cruz, Melvin José Valentín Peguero y Oscar Wilcenne; así como RD$3,000,000.00 a favor de otra, a ser pagados por Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto.

En el proceso se estableció que la estructura criminal estaba integrada por dominicanos, venezolanos, colombianos, haitianos y canadienses.

Como operaba

De acuerdo al Ministerio Publico, el grupo creó una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

Las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana. Sin embargo, las explotaban sexualmente.

En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.