MADRID.-La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España Felipe VI, podrá ser juzgada por dos delitos de fraude fiscal vinculados a la presunta trama corrupta de su esposo. Pero es el juez que instruye el caso quien debe ordenar dicho procesamiento. Y no lo tendrá fácil para dar el paso definitivo, dadas las particularidades del sistema español.

Tres magistrados de la Audiencia de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, acordaron el viernes estimar en parte los recursos de defensa de la infanta. Cristina quedó libre de la acusación de blanqueo de capitales -la más grave que pesaba contra ella.

Pero se mantuvo la imputación por cooperación en dos delitos de fraude fiscal en los ejercicios 2007 y 2008. La decisión despeja el camino al juez José Castro para sentar a la infanta en el banquillo de los acusados, lo que supondría un hito en la historia de la monarquía.

Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo español dice que una persona no puede ser juzgada por delitos fiscales si no lo piden ni Hacienda y ni la Fiscalía.

En lo que respecta a la Cristina de Borbón, la Agencia Tributaria ya dijo que no advertía fraude en sus cuentas. El delito fiscal, que en sus supuestos más graves contempla seis años de cárcel, exige una cantidad defraudada de al menos 120.000 euros (148.726 dólares). Un dinero que Hacienda estima no sobrepasó.

Cristina, de 49 años, fue imputada tras conocerse unos correos electrónicos que supuestamente documentaban su conocimiento de las actividades de su marido Iñaki Urdangarin.

La acusación sostiene que el cuñado del actual monarca Felipe VI y su socio, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de unos 5,6 millones de euros en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarin.