SANTO DOMINGO.-El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó por tercera vez consecutiva el conocimiento del juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros 13 implicados en el caso Medusa.
La audiencia fue pospuesta para el 5 de noviembre, debido al fallecimiento de la madre del imputado Alejandro Forteza Ibarra.
Los imputados en el caso son Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Jonathan Loanders Medina, Isis Tapia Stefanni y Félix Antonio Rosario Labrada.
También a Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Son señalados por el Ministerio Público en un entramado de corrupción administrativa que desfalcó al Estado con más de 6,000 millones de pesos , cuyo principal acusado es Jean Alain Rodríguez.
En un principio el Ministerio Público presentó acusación en este caso contra 41 personas físicas y 22 empresas, pero mediante un procedimiento denominado acuerdo pleno por procedimiento penal abreviado, 21 personas físicas y empresas involucradas llegaron a acuerdos penales y civiles con el órgano persecutor y el Estado Dominicano.
El envío
El pasado 29 de junio el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y a 14 implicados más del caso de corrupción administrativa que se les imputa, y emitió auto de no ha lugar en favor de una imputada y de 12 empresas en calidad de tercero civilmente responsables.
En el caso del exprocurador, el tribunal consideró que existen elementos de prueba suficientes para conocer en juicio de fondo la acusación presentada por el Ministerio Público contra el exfuncionario de presuntamente cometer acciones criminales en perjuicio del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la Procuraduría General de la República.
Los tipos penales que se le imputan al exprocurador son asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionario, financiamiento político, sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.