Un hombre espera ser atendido en una farmacia en medio de la pandemia de COVID-19 en La Habana Vieja, Cuba, el jueves 15 de julio de 2021. Por primera vez en más de cinco décadas los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas, contratar empleados y acordar salarios, una medida de apertura económica pospuesta por años y que llega en momentos en que la isla atraviesa una crítica situación económica. (AP Foto/Eliana Aponte)
LA HABANA.- Por primera vez en más de cinco décadas, los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas, contratar empleados y acordar salarios, medidas de apertura económica pospuestas por años y que llegan en momentos en que la isla atraviesa una crítica situación económica.
Las autoridades dieron a conocer en la Gaceta Oficial un paquete con una veintena de normas y resoluciones que organizan el trabajo independiente del Estado, incluido el reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), eliminadas en la década del 60 al tiempo que crecía el sistema centralizado y socialista bajo la influencia de la antigua Unión Soviética.
A partir de ahora, según el Decreto-Ley 46, se reconocerán diferentes tipos de propiedades y participantes económicos como “actor que incide en la transformación productiva del país” y bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).
Éstas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía e inscriptas en un registro mercantil para su funcionamiento. Las firmas o talleres más pequeños podrán tener desde uno hasta 10 empleados y las más grandes hasta 100, y en general se permitirán todas las actividades menos algunas reservadas como la edición de diarios o revistas, la educación o las ocupaciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones como arquitectos o abogados.
La norma especificó que estas pymes podrán ser además de privadas, estatales -por ejemplo, dependientes de una universidad o un ministerio- y mixtas. “Es un buen documento, son viables (las medidas) en el sentido de que permiten formas no estatales que funcionaban, pero no estaban autorizadas”, explicó a The Associated Press el economista cubano Omar Everleny Pérez.
“La práctica demostrará si es suficiente para que el país cambie la orientación de sus estadísticas en términos de crecimiento económico… vamos a ver cómo se pronuncia la burocracia porque tengo dudas de que el Ministerio de Economía sea lo más ágil”.
“Lo que es evidente es que la economía cubana se encuentra en un momento crítico y los márgenes de maniobra para la toma de decisiones son extremadamente limitados.
Por eso creo que se puede avanzar más en término de actividades que se permiten. Los hechos (protestas) del 11 de julio demuestran que el tiempo sí es importante para que los reclamos populares se solucionen”, agregó Pérez.
El Producto Bruto Interno retrocedió en la isla en un 11% en 2020 y miles de personas se manifestaron ese día de julio en las calles en rechazo al desabastecimiento de bienes básicos como alimentos o productos de aseo y los cortes de luz.
Para constituir una pyme privada las personas deberán tener más de 18 años y ser ciudadanos cubanos residentes permanentes en el país, lo que limita las expectativas de muchos emigrados que se mostraron dispuestos a invertir en la isla.
La creación de estas empresas está prohibida para los funcionarios y se les dará luz verde para importar y exportar sin imposición de precios, aunque deberán hacerlo mediante organismos estatales.
El paquete de leyes publicadas también actualiza y organiza las reglas de los llamados Trabajadores por Cuenta Propia o TCP, que eran la forma en que se desarrollaban hasta ahora muchas de estas pequeñas empresas que surgieron al calor de una reforma iniciada en 2010 por el expresidente Raúl Castro y que permitió en estos años una incipiente iniciativa privada compuesta por talleres de oficios, restaurantes, cafeterías, vendedores ambulantes o casas de renta para turistas.
Además, le da forma más acabada a las cooperativas no agrícolas que también fueron abriendo estos años. Hay que “prepararnos para poder aprovechar todas las ventajas que nos están ofreciendo las nuevas normas jurídicas”, dijo a la AP Darién García, un emprendedor de 42 años que ya se desempeña como tenedor de libros autónomo y cuyo sueño es abrir un SRL contable, pero que por ahora tendrá que esperar pues su rubro está excluido.
“Si a esto se suma que dentro del listado de actividades prohibidas están casi todas las relacionadas con los servicios de consultoría y gestión empresarial, es aún mayor mi temor de que muchas de las nuevas empresas deban pasar por muchísimo trabajo para ser exitosos”, advirtió García, quien no pierde las esperanzas de que a partir de ahora con las pymes ya reconocidas se pueda trabajar con el gobierno para convencerlo de las oportunidades de ampliar estas leyes.
En 1968 el gobierno cubano dispuso el cierre de los pocos pequeños negocios que quedaban en pie desde la revolución de 1959 -cuando se nacionalizaron las grandes industrias- y estatizó talleres y bodegas, un proceso que además significó la estigmatización de los empresarios y la producción particular bajo la égida del socialismo.
Sin embargo, en la pasada década Raúl Castro reconoció la necesidad de contar con un trabajo más eficiente y reabrió el mercado de bienes raíces, ofreció tierras en usufructo y permitió una apertura paulatina, mientras la economía de la isla caía en picada presionada por las sanciones de Estados Unidos que -especialmente durante el mandato de Donald Trump- asfixiaron las finanzas isleñas, a las que luego se sumó la pandemia de coronavirus.
El reconocimiento de la necesidad de las pymes como una organización fiscal y productiva que dinamizara la economía comenzó hace cinco años, pero las autoridades dilataron su publicación.
Aunque reconocen su papel en la generación de empleo y mejoras para la población, las autoridades dijeron que la apuesta de la isla seguirá siendo la empresa estatal socialista.
