Santo Domingo.-La transparencia en el manejo de los recursos que reciben y que gastan los partidos políticos constituye uno de los elementos fundamentales para la regulación de esos procesos.

El uso de recursos ilegales, provenientes de entidades públicas o de actividades ilícitas, han marcado los procesos de campañas electorales en el país.

Los resultados electorales están muy matizados por el manejo del Gobierno. Así que en las elecciones de 2002, las primeras en las que se usó el voto preferencial a nivel congresual, el partido en el gobierno obtuvo 29 senadores y la oposición tres.

En 2006, el partido en el gobierno de entonces obtenía 22 senadores y la oposición 10; en las de 2010 el oficialismo obtuvo 31 senadores y la oposición 1.

Esos tres procesos se realizaban a mitad del mandato presidencial, por lo que el Ejecutivo estaba en manos del partido que resultaba ganador sin que se estuviera escogiendo a un Presidente de la República, por lo que no se puede hablar de arrastre, argumento que sí se podría utilizar en las elecciones de 2016.

Desde hace catorce años en el Congreso Nacional se discute un proyecto de ley de partidos políticos, que entre otras cosas busca regular los gastos en las campañas para hacerlas más justas y equitativas.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) convocó a un Foro el pasado viernes sobre el proyecto de ley de partidos políticos, en el que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, hizo una detallada exposición, para discutir sobre la necesidad de que los procesos electorales se desarrollen de manera justa y equitativa, en el que se impongan regulaciones en el tema de la financiación.

La ley de partidos políticos está llamada a tomar en consideración los factores que inciden en todo el proceso de elección de las autoridades, desde proteger el derecho a membresía en un partido político hasta la escogencia de las máximas posiciones electivas.

En esta oportunidad el foro se centró en lo relativo la financiación de las campañas electorales.

Campaña y corrupción

La corrupción en la administración pública está estrechamente vinculada a la financiación de las campañas electorales. Ya sea como pago a favores realizados en el pasado o provisiones para necesidades futuras, las campañas electorales son caldos de cultivo para la corrupción administrativa.

No es casual que con frecuencia figuras vinculadas a las finanzas de los partidos políticos en las campañas son luego centro de grandes escándalos de corrupción, no solo en la República Dominicana, sino en democracias que uno entiende sólidas.

En la actualidad, en el país se ha puesto sobre el tapete las discusiones de la lucha contra la corrupción y la impunidad, inquietudes que han sido canalizadas por el denominado Movimiento Verde.

En el Foro, un elemento común de los expositores fue el de la transparencia como mecanismo de control de los ingresos y gastos de los partidos políticos.

Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Pueden los partidos políticos o lo candidatos manejar la cosa pública con transparencia si ellos mismos no se manejan con transparencia?

Por eso los partidos políticos, que desde la Constitución de 2010 son entidades públicas, tienen la obligación de manejarse con transparencia total, no solo con los fondos públicos, sino con todos los recursos que reciben.

El mayor control que se puede tener con la calidad de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales es la publicidad de las finanzas ¿De quién reciben fondos, cuántos recursos reciben y en qué lo utilizan?

Los informes financieros que entregan los partidos políticos a la Junta Central Electoral entran en el ridículo o la ofensa, pues hasta en tres páginas se intentan justificar gastos sobre fondos recibidos que superan los 400 millones de pesos.

En adición se limitan a rendir informes solo de los fondos recibidos del Estado a través de la Junta Central Electoral.
Se sabe que para los partidos contendores eso es “paja para la garza”, pues manejan montos muy superiores.

Por ejemplo, Miguel Vargas Maldonado dijo en un Almuerzo del Grupo Corripio que en la campaña de 2008 había gastado unos 30 millones de dólares para su candidatura presidencial y en ese año electoral la Junta Central Electoral entregó al Partido Revolucionario Dominicano algo menos de 10 millones de dólares (con una tasa al 36 por uno).

Según esa revelación, lo que recibió de la Junta era la tercera parte de lo gastado en la campaña. Es decir; que no hay ningún reporte a la autoridad electoral sobre las dos tercera partes de lo gastado en esa oportunidad.

Vargas Maldonado y el partido que lo postulaba, el Revolucionario Dominicano, en ese momento estaban en la oposición, por lo que queda a la imaginación del ciudadano qué pudo haber gastado el partido oficialista, ya que no hay registros al respecto.

Transparencia y control

El caso sobre la financiación de los partidos por parte del Estado demuestra que los controles actuales son una especie de ficción, pues incluso las pocas auditorías realizadas por la Cámara de Cuenta se quedan en simples informes sin mayores consecuencias.

Por tanto, en el Foro del Conep uno de los elementos comunes que salieron a relucir fue el de la transparencia como mecanismo de control, tesis que también sustentan organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia.

Eso permitiría que si un empresario, una organización o una persona física decide hacerle una donación a un candidato o partido en campaña, el que sea de dominio público impone autocontrol, pues él sabe que el donante tendrá que justificar el origen del dinero donado.

También se pondría en evidencia si se trata de un ente que tiene relaciones comerciales con el Estado y por tanto se expone a todo tipo de investigación.

De igual manera quedaría constancia, en el futuro, si algún beneficiario de contratos públicos importantes fue gran donante en el pasado. Se expone al escrutinio social.

El autocontrol para las campañas caras

Los entes estatales, la Junta Central Electoral con el auxilio de la Cámara de Cuente, requieren de los instrumentos jurídicos para garantizar que las finanzas de las campañas no tengan libros ocultos y que todos sus egresos estén justificados en ingresos lícitos.

En esta fase de nuestra historia hablamos de procesos electorales justos y equitativos.

La transparencia lleva al autocontrol y este a su vez facilita el freno a los insólitos costos de las campañas.

La autoridad electoral tiene la responsabilidad de conducir un proceso electoral conforme al mandato constitucional y las leyes vigentes. Le toca administrar las reglas del juego, las cuales son dadas por el Congreso Nacional.

La Ley Electoral y la de partidos políticos le daría a la Junta Central Electoral las herramientas para asegurar todas esas garantías.