Panamá.- La emergencia de la pandemia por la COVID-19 está siendo utilizada como «argumento» por los Gobiernos para «restringir» los derechos fundamentales y con ello «concentrar los poderes» del Estado, según denunció este martes Transparencia Internacional (TI).
«En estas crisis o emergencias se autoriza la restricción de derechos fundamentales y este argumento que escuchamos en muchos países viene de la mano de una concentración de poder», dijo la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira, en un foro virtual celebrado por el capítulo panameño de la organización que dirige.
Un «argumento» que para Ferreira en muchos países viene «acompañada de claras tendencias autoritarias, las cuales son muy llamativas y peligrosas como tendencia mundial».
En esta concentración de poderes «el argumento es que no se van a respetar derechos porque pone en peligro la velocidad de respuesta ante la necesidad de la gente; y este tipo de discurso olvida algo esencial: los derechos aún en épocas de emergencias o urgencias no pueden ser limitados», añade.
Ferreira pone como ejemplo el caso de Hungría: el pasado marzo el Ejecutivo húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán (primer ministro) recibió del Parlamento poderes extraordinarios para gobernar el país por decreto y por tiempo indefinido en su lucha contra la pandemia.
«Esta aprobación de superpoderes que prácticamente desarmaba el esquema de derechos personales y sociales del país por un tiempo indefinido», señaló.
Uno de los derechos que ha sido «víctima de la emergencia» es el derecho al acceso a la información, «fundamental y básico» para el funcionamiento de las democracias, según Ferreira.
«En muchos países no solo se ha puesto de cuarentena a la población, sino también el acceso a la información, cercenando un derecho básico e instrumental», explicó.
Ferreira señala que el derecho a la información es «fundamental» puesto que contiene una «característica muy importante porque es instrumental para la efectiva vigencia de los demás derechos», y más en tiempos de emergencia.
«En realidad lo que estamos viendo en el mundo es la protección o necesidad de resaltar la importancia al acceso a la información; esta fue la primera demanda de los todos países vis a vis sus respectivos Gobiernos», expresó.
¿CUÁLES SON LOS LÍMITES A LAS RESTRICCIONES?
La presidenta de AI Panamá expresó que una de las principales limitaciones deben ser la temporalidad de las restricciones: «estas restricciones deben ser limitadas en su duración, no pueden ser indefinidas», como el ejemplo de Hungría.
Además de establecer límites temporales, Ferreira propone que «las restricciones que se impongan deben ser las mínimas necesarias para el objetivo que se busca», por tanto cuando un derecho se restringe «habrá que ver si son limitaciones razonables a lo que se busca proteger».
Como ejemplo, en la mayoría de los países hay restricciones a la movilidad, lo que parece «razonable según la ciencia como medida de freno para la propagación de la COVID-19», pero si «un Gobierno pretende aplazar esta restricción a cinco años, pierde la razonabilidad».
«Las restricciones deben ser proporcionales al objetivo que se busque, y deben estar sujetas a una redición de cuentas: debe haber alguien que explique por qué está tomando estás decisiones y que controle que las restricciones sean razonables».
Este control cae en manos del órgano judicial, que según la presidenta de AI Panamá también está en cuarentena y provoca un problema: «el poder judicial está encerrado sin poder funcionar y es el encargado de recoger las denuncias».
«Si el órgano judicial está cerrado con un cartelito que dice ‘por cuarentena’ tenemos un problema de afectación de derechos».
Las limitaciones también deben ser «informadas a la ciudadanía; no puede ser que no se conozcan o se informan de manera parcial o se cambien sin que la ciudadanía pueda tomar decisiones al respecto», señaló.
Entre las «excusas» de los Gobiernos está la restricción a las oficinas para laborar: «si los supermercados han continuado abiertos y se han apañado, me parece que algunos servicios estatales no deben justificarse con la cuarentena, porque hay servicios básicos para la democracia, como este».
