José Báez Guerrero
La renegociación del contrato con Aerodom que concesiona la operación de varios aeropuertos es otro logro del Gobierno, que indica la necesidad de revisar algunos acuerdos realizados de manera similar, con la “ley del embudo”. Algunas empresas o entidades estatales al ser privatizadas podrían venderse por un peso y el Estado saldría ganando sólo por quitarse de encima su subsidio y pasivos acumulados.
Este sin embargo no es el caso de los aeropuertos, según demuestra esta instancia. El presidente Abinader anunció que la renegociación garantiza ingresos al Gobierno entre US$1,905 y US$2,155 millones, con un adelanto de US$775 millones para construir obras públicas.
El asunto es más llamativo porque en Santiago y en Punta Cana empresas privadas operan rentablemente aeropuertos que representan excelentes negocios para sus dueños u operadores, pero también para el Estado.
En medio del bréjete, me agradó ver una inusual demostración de excelente periodismo de parte de Diario Libre, que en una serie de reportajes al respecto advierte el vínculo con el aeropuerto de Punta Cana. La prensa muchas veces exige una transparencia que no ejerce en sus propios aspectos corporativos.
