Es recurrente en el país que el debate de un tema sepulte a otro de interés nacional, de acuerdo al interés coyuntural que prevalezca.

Resulta que hace algunos días que el presidente Luis Abinader se vio obligado a admitir la impotencia del Gobierno para enfrentar los niveles de inflación a pesar de los logros en la macroeconomía durante 2021, confirmados por el informe reciente del Banco Central con el detalle de que hubo un crecimiento del 12.3 por ciento.

Sin embargo, desde hace varias semanas que se arrastra la incertidumbre sobre el contrato de fideicomiso aprobado por la Cámara de Diputados que permitiría que un comité técnico, designado por el Poder Ejecutivo tenga la facultad de la operatividad y manejo total de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, lo que ha sido fuertemente cuestionado por sectores de la oposición y de la sociedad, atribuyendo que se desconoce la enajenación de ese bien público a favor de una representación privada, en virtud de que la vigencia de esa modalidad se extendería por 30 años.

Desde mi punto de vista, el presidente Abinader y el Gobierno no tuvieron la capacidad de presentar claramente la finalidad bondadosa que implicaría este fideicomiso, modalidad nueva en el país, aunque exista una ley que data de 2011. Pero la actual administración gubernamental se ha amparado en este sistema para desprenderse de cierto manejo de instituciones del Estado.

Igual modalidad se pretende aplicar para la implementación del proyecto de desarrollo de Pedernales, lo que también ha despertado incertidumbre y preocupaciones en vista de que tampoco las autoridades han dedicado tiempo a explicar todo lo que implicaría ceder atributos estatales a favor de inversionistas extranjeras o locales.

La verdad es que el Gobierno debe prestar mayor atención a despejar toda duda sobre el fideicomiso de Punta Catalina, obra que desde su presentación en carpeta y durante su construcción siempre ha sido debate de cuestionamientos y de conflicto, principalmente por el nivel de la inversión superior a los 2,400 millones de dólares, cuando se especula que pudiera superar este valor y hasta que se encubre cierta sobrevaluación.

Es lamentable que objeciones insistentes obligaran a que el pasado domingo el presidente Abinader se dirigiera al país para defender su iniciativa del fideicomiso de Punta Catalina y negar que se esconde alguna privatización de este patrimonio, que ha sido el principal argumento de los adversarios de esta modalidad para derrotar al Gobierno en el debate ante la opinión pública.

Desde mi punto de vista, el Gobierno incentiva el debate muy insistente sobre el caso de las dos plantas de Punta Catalina en Baní, en la provincia Peravia, ya que en cierto punto resta presión al problema cardinal en el que se ha convertido la inflación que ha servido para cultivar malestar en la población, que cada día no esconde sus preocupaciones válidas por las alzas indetenibles en los precios de los productos básicos.

En su informe sobre la economía de 2021, el Banco Central ha admitido que la inflación fue situada en 8.5 por ciento, la más alta en los últimos años, lo que tiene repercusiones en el clima de tranquilidad que ha gozado el país, que si bien viene motivada por factores externos, su solución obliga al Gobierno a la debida atención con la mayor prontitud dentro de las prioridades oficiales.

El diálogo que quiere el Gobierno para lograr la bendición del fideicomiso para Punta Catalina debe ser extendido para otros problemas urgentes que pudieran arrodillar al país, como el caso de la inestabilidad en los precios del petróleo en el mercado internacional y los niveles de inseguridad que se manifiestan cada día.

Solo hay que esperar que las autoridades actúen con total claridad para que no pierda la credibilidad que necesita ante las adversidades que se prevén por factores locales y situaciones económicas que se escenifican en el exterior.