Altagracia Suriel
Ante los desastres son más vulnerables los pobres pero la variedad y magnitud de desastres se está convirtiendo en inclusiva.
Las desgracias que se ciernen sobre el planeta no dan tregua: volcanes en erupción, terremotos, ciclones y fenómenos asociados al clima azotan a casi todos los países del mundo.
El que no es vulnerable a un fenómeno, lo es a otro. Todos corremos con la misma suerte en cuanto a amenazas locales y globales.
En nuestro país debemos estar prevenidos tanto frente a huracanes como a terremotos. Así como estamos en el mismo trayecto del sol, como diría Pedro Mir, estamos en el trópico, la ruta de los huracanes, pero también tenemos fallas tectónicas que pueden producir terremotos como los ocurridos en Haití en dos ocasiones.
Cada año, del primero de junio al 30 de noviembre, la trayectoria que toman los huracanes y las tormentas tropicales convierte al país en uno de los más afectados por eventos que pueden destruir con rapidez la inversión social que con tanto esfuerzo hemos venido realizando.
Conociendo las desgracias que nos pueden sobrevenir es imperativo fortalecer la prevención enfocada en los pobres que son los que sufren con intensidad todas las calamidades. En ese sentido, la respuesta de la protección social tiene que ser la apuesta. Hay que continuar desarrollando acciones que nos permitan detener los efectos ante la presencia de los fenómenos naturales que nos amenazan con mucha frecuencia.
Es necesario poner el énfasis en los fenómenos que permiten agotar un proceso de preparación, como las inundaciones y tormentas tropicales, pero también en los que surgen de súbito, como los sismos y tsunamis.
Hay que fortalecer los planes nacionales que permitan prevenir, mitigar y ofrecer respuestas rápidas ante la ocurrencia de desastres naturales.
Hay que dar mayor relevancia al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres y a la coordinación entre las autoridades ambientales, las organizaciones nacionales e internacionales y las entidades públicas con competencias en la protección de la ciudadanía a partir de una ejecución simplificada de actuaciones que protejan y aseguren la oferta de servicios para los hogares afectados.
La urgencia de fortalecer los procesos preventivos hay que atenderla si queremos evitar que las familias vulnerables se vean afectadas por los choques climático, garantizar el bienestar de la población y cumplir el compromiso de reducir la pobreza a su mínima expresión.
