Desde los puntos de vista jurídico y sociológico, nada cohesiona e invita más al progreso de cualquier comunidad que la garantía por el Estado del derecho a la propiedad privada de origen legítimo, piedra angular de las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos en las repúblicas democráticas.
Una de las peores facetas de la impunidad, raíz de la mayoría de nuestros males y deficiencias sociales, es la permanente inseguridad de propietarios de bienes raíces a quienes pocas veces el Gobierno defiende ante la invasión u ocupación ilegal de sus terrenos.
Muchos políticos afirman que hay un problema social cuando los solares urbanos o predios agrícolas robados son del Estado o carecen de titulación, cosa rara y difícil dado que en el Registro Inmobiliario la suma de las tareas rurales o metros cuadrados en pueblos y ciudades excede los 48,442 kilómetros cuadrados del área terrestre total del país. Así pues, es excelente que las autoridades aceleren su plan de titulación, entregando certificados de propiedad a familias con la tenencia irregular, desde hace décadas, de tierras estatales.
El domingo el presidente Abinader hizo esto beneficiando a 2,500 familias, más de 13,000 personas, en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este, cerca de San Isidro. Luis acierta al destacar que la titulación convierte en propietarios con un patrimonio real a esos ocupantes ilegales, lo cual incentiva la formalización y el desarrollo económico, pese a premiar lo mal hecho.
Ojalá el Gobierno demostrara igual entusiasmo para defender los derechos de miles de ciudadanos a quienes el Estado ha desamparado ante la ocupación ilegal de terrenos privados, registrados y titulados. Es un flagrante robo legitimado socialmente por la impunidad de los ladrones. Irresponsablemente, ninguna autoridad desea enfrentar esta otra cara de la moneda.
leídas
