Carlos Salcedo, abogado.
Pasado el fervor inicial despertado por la aprobación de la Ley de Seguridad Social, núm. 87-01, muchos sectores de la sociedad, entre los que se encuentran expertos de diversas disciplinas, hablan de los peligros que se ciernen sobre su sostenibilidad en el tiempo.
A 21 años de su entrada en vigencia, se discuten revisiones y posibles modificaciones a dicha ley. El escenario es la Mesa Temática sobre Seguridad Social a cargo del Ministerio de Trabajo, encabezado por Luis Miguel Decamps, quien ha venido dando demostraciones de compromiso con los sectores laborales y empresariales como de gran laboriosidad, para que unidos, sector oficial, representado por él, como coordinador, los representantes de los trabajadores, de los empleadores y los diferentes sectores sociales discutan todo cuanto sea necesario para encontrar las soluciones que amerita el país en dicha materia.
Las propuestas están enfocadas sobre todo a la ampliación de la cobertura, que incluye la salud personal, los riesgos laborales, el retiro y la muerte, lo que implica modificar el catálogo de prestaciones y agregar la atención de salud a los pensionados (1); la inclusión de más personas al sistema de beneficios, entre los cuales se encuentran los pensionados y la necesaria atención de su salud (2); y, los beneficios de las empresas que intervienen en los servicios que derivan de la ley (3).
La realidad es que el sistema funciona en la medida en que se garanticen mecanismos eficientes de registro, inclusivos, equitativos, universales y sostenibles económicamente.
El diálogo que se encamina no debe ser de los “buenos” contra los “malos”, ni de los “malos” contra los “buenos”; sino que debe resultar del conocimiento de la realidad por parte de todos los actores del sistema, la conciencia de lo que debe resolverse, de lo que está en la disposición de ceder y aportar cada uno y la determinación para que, al tiempo de hacer posible financieramente el sistema, este brinde los servicios que la población amerita.
Pero, lo que la clase política dominicana sabe y no quiere decir, es que parece que la única manera de que a largo plazo el Sistema de Seguridad Social actual no colapse es mediante el recorte en los programas sociales del gobierno o mediante el incremento de impuestos.
Es cierto que la economía dominicana es sui generis. Tenemos niveles de informalidad de alrededor del 58% en la economía. De hecho del 55% en el primer trimestre de 2020 se ubicó en el mismo semestre de 2021 en 57.5%. Hay personas que no ahorran lo suficiente para el retiro, otras no cuentan con ningún tipo de plan de salud, ni forman parte de la economía formal y con un nivel de desempleo -tasa de paro- alto con relación a la región de alrededor del 7.1%, según datos del Banco Central en 2021, lo que se traduce en un crecimiento de 1.6% respecto del año 2020, donde se situó en 5.8%.
Ahora bien, tenemos un bono demográfico, es decir, más o menos el 35% de la población dominicana está dentro del rango de 15 a 34 años, que es un indicativo de una gran cantidad de personas en edad productiva. Es importante destacar que ese rango poblacional tiene una tasa de desempleo de alrededor del 29%.
No hay que tener un PHD -doctorado- en economía de mercado para darse cuenta que no hay forma de que sin una reforma o modificación que asuma el problema del Sistema de Seguridad Social tomando en cuenta todas sus variables y la realidad que tenemos como país, es decir, no solo la de una modificación que busca incrementar los gastos del gobierno, podamos tener un sistema viable, solvente y con la capacidad real de asegurar el bienestar de las familias, los envejecientes y la salud de los ciudadanos.
La clave para que los usuarios tengan más opciones en el sistema, contando con la competencia leal de prestadoras de servicios de salud, garantizando la calidad de los servicios y la estabilidad de los precios, además de pensiones dignas, funcionará solamente en el corto plazo, con dudosos estándares de calidad y predictibilidad en los servicios. Más aun, las inversiones de los fondos de pensiones en los instrumentos financieros que ofrecen las instituciones de intermediación financiera vienen cayendo sostenidamente desde hace años.
El sistema irá colapsando en la medida en que el Estado no pueda contar con los recursos necesarios para cubrir a una población que se incrementa, exige legítimamente más y mejores servicios públicos, si no establece políticas públicas que impulsen el ahorro individual y el acceso de la población en la economía formal y a instrumentos financieros de inversión eficientes que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Muchos economistas entienden que la teoría clásica de que el ahorro es la clave para el retiro no es suficiente, aunque, a mi juicio, sí necesario. El gobierno debe diseñar un mercado de opciones habilitadas mediante cuentas especiales de ahorro con incentivos de impuestos, en coordinación con el sector privado, los empleadores, prestadores de servicios de salud y pensiones desde el inicio de la carrera de una persona en el mercado laboral.
Para esto deben utilizarse planes de salud bien diseñados para todas las posibles necesidades individuales de cada quien, el retiro y la muerte, asegurando el bienestar de la familia y los individuos. Para esto se deberán crear plataformas digitales que permitan el acceso universal y eficiente de todos los dominicanos al sistema.
El Estado debe garantizar también que el cambio de empleador no perjudique los beneficios de retiro y de planes de salud. Para esto tienen que tomarse en cuenta los costos de operación por parte de los empleadores y las alianzas público-privadas que se pueden generar con fines de promover una relación ganar-ganar entre el empleado y el empleador, para garantizar la salud y el retiro de la persona después de haber cumplido los 65 años, que es lo ideal.
Las decisiones sobre la salud y los fondos necesarios para el retiro deben tomarse lo más temprano posible en la carrera de la persona. Esto quiere decir que las opciones de planes de ahorro e inversión, los mecanismos de registro en los planes del gobierno, deben estar prediseñados y habilitados de manera que puedan incluso beneficiar automáticamente a quien no tome o no quiera tomar ninguna decisión al respecto durante su vida productiva.
Por eso la importancia de los impulsos desde el Estado de políticas empresariales orientadas al bienestar laboral, incentivando mediante mecanismos transparentes y eficientes la inclusión en el Sistema de Seguridad Social.
Sin excluir otros, uno de los principales indicadores de una sociedad verdaderamente humana y desarrollada es el funcionamiento eficiente, eficaz y efectivo de su Sistema de Seguridad Social, en cuyo ámbito el Estado tiene que apostar los mejores y especializados recursos humanos y la mayor cantidad de recursos económicos para garantizar su universalidad.
Creo en el trabajo de coordinación del ministro Decamps; pero su liderazgo y el del presidente Abinader deben concitar el apoyo de todos los involucrados en la mesa del diálogo, para que los que, con derecho, en un sistema capitalista como el nuestro, tienen el afán de acumular riquezas, no sean indiferentes al dolor ajeno (Papa Francisco), al tiempo de que el gobierno dé lecciones de protección creciente de los derechos de los trabajadores, quienes deben ser racionales para que las empresas, los negocios y los empleadores en general puedan generar beneficios, en los que también participen los trabajadores y ello redunde en la robustez y fortaleza de nuestra economía, con el consecuente aporte al desarrollo humano. Solo ello haría posible un futuro promisorio y beneficioso del Sistema de Seguridad Social.
