Terrorismo institucional

Probablemente fui uno de los pocos especímenes sobre la faz de la isla que se alarmó cuando el Poder Ejecutivo amenazó con proponer un impuesto “agresivo” a las ganancias mineras -que el amoral Congreso aprobaría ipso facto- si Barrick Pueblo Viejo no capitulaba ante los ataques para reformar su contrato con el Estado.

El influjo épico y el “patrioterismo” estuvieron desbordados como una ola en la que se montó el rebaño, siempre rumiante y repetidor de discursos pocos creativos, pues prefiere más la exhibición que la razón; el aplauso emotivo que el bienestar del país a largo plazo y el morbo que el contraste de “verdades”.

Pocos avistan el peligro institucional que este tipo de actitud implica, como tampoco se mira más allá de la línea al celebrar los cambios de leyes como producto del chantaje, la demostración de fuerza o la hegemonía política del “aquí mando yo”.

Es obvio que cuando la regulación -a veces asumida por verdaderos payasos- pierde fuerza y resulta incapaz de trazar normas efectivas, prudentes y equilibradas entran a escena segmentos del Congreso revolcados en el populismo.

En ese contexto hay que interpretar el proyecto de rebajar de 30% a 15% la famosa comisión de las AFP sin estudios previos ni esperar los resultados de una consulta o la sugerencia de gradualidad provenientes de las mismas instancias estatales.

Igual lectura merece un peregrino proyecto de ley que, insistentemente y en forma cíclica, buscó fijar el precio del dinero (que es una mercancía como cualquier otra, sujeta a la ley de oferta y demanda) por encima de la Constitución y de otras legislaciones adjetivas.

Ojalá que podamos superar las ligerezas y darnos cuenta que aquí es perfectamente posible una tiranía congresual y que la teoría de “la gobernabilidad garantizada” con un partido dominando todos los poderes no es más que una gran amenaza a la institucionalidad. Y todos estamos expuestos a chocar -en algún momento- contra ese muro.