Según la Constitución dominicana “el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado”, para el cual se garantiza “la igualdad y equidad de mujeres y hombres”.
Además, “todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad”.
Además, se establece “el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez”.
Comparemos ahora la Constitución con algunos datos de actualidad:
1) El salario real promedio nacional es un 20% inferior al salario real que se devengaba en 1999, es decir permite comprar un 80% de los bienes y servicios que se podían adquirir en 1999.
2) La participación de los trabajadores en la riqueza producida es cada vez menor, variando de un 50% en 1996 a menos de un 30% hoy. Esto significa más pobreza mientras hay más riqueza y más concentrada.
3) En 2017 el 60% de quienes percibían ingresos declaró tener, en promedio, un ingreso de RD$11,734.78, por debajo del costo de la canasta familiar más baja (RD$13,346.74).
El 80% declaró percibir, en promedio, un ingreso por debajo del costo de la canasta media, calculada en RD$23,422.
4) Tomando en cuenta solo los ingresos laborales (excluyendo remesas y asistencia del Gobierno), el 48% de los trabajadores y sus familiares se encuentra por debajo de la línea de pobreza, establecida en RD$4,644 por persona.
5) Hablando específicamente de las mujeres, solo el 49% de las dominicanas en edad de trabajar puede participar activamente en la economía, y son apenas el 40% de todos los ocupados. Las mujeres padecen más del doble de desocupación ampliada que los varones, y ganan menor salario que los hombres, en todas las categorías laborales.
6) El 51% de las dominicanas tiene ingresos por su trabajo que las colocan a ellas y a sus dependientes por debajo de la línea de pobreza (calculada en RD$4,644 mensuales por persona).
7) Las mujeres son el 93% de quienes trabajan en el servicio doméstico y el 60% de ellas tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
8) Por último, mientras informes nacionales e internacionales advierten que las pensiones de los dominicanos bajo el modelo actual serán las peores de América Latina, con una tasa de reemplazo de 23%, y que menos de un 20% de quienes cotizan tendrán tal vez acceso a una pensión, el Congreso está discutiendo una modificación propuesta por el Poder Ejecutivo que, en lugar de ocuparse de las pensiones, supuestamente disminuye las comisiones de las AFP, pero en realidad les asegura ingresos aun mayores a estas megaempresas financieras.
En 2031 las AFP tendrán ingresos superiores a los 20 mil millones de pesos en un solo año, justo cuando los dominicanos se estén retirando con pensiones de hambre.
Viendo estos datos y al conmemorarse el primero de mayo, ¿tienen los hombres y mujeres de República Dominicana sus derechos fundamentales garantizados, en pos de los cuales se impulsó la Constitución de 1963 y el pueblo combatió en 1965?
Si no se cumplen y priman los intereses de los más poderosos ¿dónde quedan la democracia y el Estado social y democrático de derecho? Tanta riqueza producida y tantos miles de millones ahorrados en los fondos de pensiones tienen que servir para que los dominicanos tengan el derecho a una vida humana, justa y digna.
