El morbo, la atracción malsana de la gleba y también gente educada hacia las noticias sobre asuntos inmorales o ilícitos, ha estado exacerbado por la filtración por el Ministerio Público de detalles de su investigación del caso Medusa, que atribuye a Jean Alan Rodríguez haber estrujado casi todas las páginas del Código Penal cuando fue Procurador General de 2016 a 2020.
La más sorprendente revelación ha sido la inclusión, en la lista de imputados de ser parte del tinglado delictivo, de varias personas relacionadas a familias distinguidas por su liderazgo social y empresarial, aunque no dirigen ni son grandes accionistas de esos grupos.
José Báez Guerrero
Igualmente, fue inesperada la licencia tomada por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, uno de los más eficaces y leales funcionarios del gabinete. Una empresa familiar dirigida por un hijo suyo aparece en el expediente como ligada a los sobornos para obtener contratos de la construcción de la nueva cárcel en Las Parras para sustituir a la antigua Penitenciaria Nacional de La Victoria.
Los procesos por casos de corrupción de funcionarios del pasado gobierno y de allegados al presidente Danilo Medina, son dirigidos por la Procuradora General, licenciada Miriam Germán Brito, sucesora de Rodríguez en el cargo. Algunos comentaristas alegan que las persecuciones son parte de una venganza motivada por la alegada desconsideración de Germán Brito por Medina y Rodríguez durante la escogencia de autoridades judiciales en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Sin embargo, en el caso Medusa la procuradora Germán Brito se inhibió de liderar la investigación contra Rodríguez, quien lleva más de un año detenido preventivamente. El Ministerio Público depositó su acusación ante los tribunales apenas el pasado sábado, previo varios días de profuso “lawfare” filtrando detalles a la prensa.
Gran parte de las imputaciones se basan al parecer en delaciones premiadas, de un implicado fugado a España, Rafael Steffano Canó Sacco, a quien los fiscales acuerdan tratamiento de testigo estrella pese a calificarlo como segundo jefe del alegado tinglado delictivo. No figura como acusado.
Yeni y Camacho
La encargada de dirigir la persecución de Rodríguez es la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso Gómez de Patiño, ex fiscal de Santiago de 42 años cuya carrera en el Ministerio Público fue impulsada por el expresidente Leonel Fernández. Fue la primera mujer y más joven persona en ser fiscal en Santiago, hasta que fue trasladada como fiscal del Distrito Nacional en 2012.
Como procuradora adjunta designada por decreto al mismo tiempo que Germán Brito, Reynoso es asistida por el encargado de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), el abogado Wilson Manuel Camacho Peralta, quien además de licenciado en Derecho lo es también en psicología y sociología.
En corrillos judiciales se señala que aparte de filtrar a la prensa buena parte de sus pesquisas para sustentar el caso Medusa, tanto Reynoso como Camacho han tropezado anteriormente como fiscales en similares casos de persecución de la corrupción.
Camacho fue uno de los principales fiscales que organizó el expediente del caso de corrupción contra la constructora brasileña Odebrecht, por el cual ninguno de los acusados ha recibido condena en firme y al contrario hay varios que al parecer no serán condenados.
Otro reciente fracaso en la persecución de corrupción admitida por los involucrados fue el de la compra sobrevaluada de aviones Tucano para la Fuerza Aérea durante el gobierno del presidente Fernández, cuyos sobornos la empresa brasileña Embraer admitió haber pagado a funcionarios dominicanos.
De manera similar, pese a que las Fuerzas Armadas han interceptado y comisado cantidades récord de drogas, deteniendo a contrabandistas, y las autoridades estadounidenses han recibido en extradición a políticos del PRM acusados de narcotráfico y lavado de activos, sobre este tema no ha habido en los tribunales dominicanos ningún gran éxito judicial por parte del Ministerio Público durante los dos años del presente gobierno.
Cárcel del delito
Aparte de otros esquemas delictivos descritos por el Ministerio Público en su acusación contra Rodríguez, el foco central del caso Medusa es una alegada sobrevaluación en la construcción y equipamiento de la nueva cárcel de La Victoria, que pese a estar inaugurada por el anterior gobierno permanece cerrada sin usarse con sus instalaciones deteriorándose por el abandono.
Distintas fuentes valoran la cárcel entre cinco y siete mil millones de pesos. El total que se alega fue distraído por los imputados del caso Medusa, según medios en base a filtraciones del Ministerio Público, supera por mucho esa suma. Los fiscales dicen haber “recuperado” RD$800 millones sin mediar sentencia definitiva.
Es indudable que una gran parte de la población anhela que el gobierno tenga éxito en su campaña contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, el desbordamiento de entusiasmo del Ministerio Público podría, como anteriormente con Odebrecht, Tucanos y otros casos, dar al traste con la necesidad de moralizar la política y la administración pública.
