Nueva York.-Cuando falta menos de un mes para que asuma sus responsabilidades sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump ya está mostrando su molestia por los costos descontrolados.
Tuits recientes no solo han cargado contra el alto precio del avión presidencial Air Force One, un proyecto relativamente menor, sino también contra el nuevo avión de combate F-35, el mayor contrato de defensa de la historia.
Trump también ha pedido una inhibición de por vida para altos funcionarios militares que se vayan a trabajar con los contratistas de defensa.
Las quejas de Trump tienen un atractivo superficial: los contratos de armas están crónicamente atrasados y excedidos en el presupuesto.
Y la puerta giratoria entre el Pentágono y los principales contratistas de defensa parece impropia; el caso más reciente es el del general retirado Mark Welsh, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, quien asumió un puesto en el directorio de Northrop Grumman, firma que está desarrollando el próximo bombardero furtivo de largo alcance.
Sin embargo, cerrar esa puerta sería contraproducente. Las firmas de defensa necesitan personas que entiendan los requerimientos y la burocracia militar.
En cuanto a los costos descontrolados, el Congreso ya pasó al Pentágono a contratos de precio fijo que hacen más responsables a los constructores de concluir dentro de lo presupuestado, y ha descentralizado el proceso de compra, dando a los diversos servicios más libertad presupuestaria y, por tanto, más responsabilidad para limitar los sobrecostos.
Estas medidas deberían mejorar la eficiencia hasta cierto punto. Ahorrar realmente grandes cantidades de dinero y acelerar sustancialmente la producción requerirá un cambio más radical: hace falta que la contratación se concentre menos en el complejo militar-industrial y más en Silicon Valley.
En un cuadro en que el Pentágono está pasando hacia armas más pequeñas y de mayor tecnología como drones y busca mejorar las comunicaciones en el campo de batalla y la vigilancia global y profundizar sus capacidades de hackeo cibernético, cobra más y más sentido contratar a firmas tecnológicas para acceder a hardware que puede no estar diseñado exclusivamente para el ejército. Este cambio ya ha comenzado.
Desde 2010, la parte de la contratación de nuevos programas adjudicada a las llamadas compañías especialistas casi se ha duplicado en relación con la de Lockheed-Martin, Boeing y otros contratistas primarios. Pero las fuerzas armadas tienen que ir mucho más lejos para desarrollar el metabolismo de una startup de Silicon Valley, donde el avance se mide en días y semanas y no en años y décadas.
El propio mundo de la tecnología ha sido parte de la demora.
Algunas compañías han estado dudosas de trabajar con el ejército; después de las filtraciones de Edward Snowden sobre la vigilancia del gobierno, algunas han considerado que es perjudicial para la marca o para las relaciones con los clientes.
Otros se ven desalentados por la burocracia militar.
No obstante, el ejército tiene muchos incentivos que ofrecer, desde sus contratos estables por varios años hasta su disposición a pagar por adelantado costos de investigación y desarrollo.
En cualquier caso, los gigantes tecnológicos deberían aceptar su responsabilidad de trabajar con el gobierno, dados los beneficios que obtienen de trabajar dentro del sistema económico estadounidense.
